El escalafón

Desde un punto de vista alejado de las arengas "patrióticas" que de vez en cuando pronuncian algunos referentes políticos de todo el espectro, hay puestos en el escalafón que no se pueden calificar como satisfactorios. Uno de ellos, que se acaba de conocer, sirve de ejemplo: Galicia, según advierte la UE, ocupa uno de los primeros lugares en el escalafón de riesgos laborales que supone la pandemia del Covid-19. Y aunque en términos periodísticos se explica de otro modo, el aviso europeo se hace a causa de males económicos estructurales, no solo de coyuntura.

El aviso, que no es nuevo pero sí más rotundo que otros anteriores, resulta especialmente oportuno. Primero por cuanto tiene de cierto y, sobre todo, porque llega en el momento en que, al decir de la Xunta, un equipo de expertos -teóricos y prácticos- trabaja ya en lo que se ha llamado "plan de reconstrucción" de lo que destruya el coronavirus. Tarea que ha dado sus primeros frutos en forma de proyectos industriales, parece que orientados según la doctrina "verde" sólidamente asentada entre los países modernos del mundo.

A partir de la hipótesis de que el Gobierno de España ocupe plaza en este otro escalafón -el de la modernidad- podrían encajarse los objetivos de Galicia en el esquema conjunto de lo que financiarán los recursos estatales y europeos además de los propios de la comunidad. Un encaje que se supone, y con motivo, conditio sine qua non para que la famosa reconstrucción se haga, algo tanto más necesario cuanto mayores sean los daños causados por la situación sanitaria, que va a peor y que amenaza ya con llevarse por delante la Navidad y cuanto esa fecha conlleva..

En este punto conviene un matiz: se expresa una duda acerca de la inclusión de España entre los países modernos quizá no tanto por opinión personal cuanto por la que parece llegar desde la UE a causa de las intenciones de Pedro Sánchez de modificar las reglas que hasta ahora regían aspectos claves del poder judicial. Y que, de llevarse a cabo, podrían suponer el fin, o acaso una restricción sustancial, de la independencia de los jueces. Un dato que la Unión consideraría, con razón, malo para la democracia española y que podría suponer sanciones, como a Polonia o Hungría.

Los corifeos del Gobierno central se han apresurado a resaltar la obviedad de los dos países excomunistas están ahora en manos de la ultraderecha como motivo básico para la posible infracción del Tratado Europeo. Pero la cuestión es que España, como antes Grecia, tiene al frente a la ultraizquierda -Podemos y una parte del PSOE actual, más algunos otros de sus socios-, y lo que el Parlamento comunitario repudia en las gobernanzas son los extremos, como ya quedó demostrado. Y como el repudio puede traer daños económicos en lo que respecta al reparto de los fondos, y eso afectaría de lleno a una Galicia con mal lugar en el escalafón de riesgos, sería para echar a correr. Aunque no haya a dónde.

¿Verdad??

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