Un ministro cubano me contó una vez que Juan Carlos I lo había llamado en aquella ocasión en que se preparaba un viaje oficial del jefe del Estado español a la isla hasta que José María Aznar, a la sazón presidente del Gobierno, espetó una advertencia helada: "El Rey irá a Cuba cuando toque". El ministro me explicó que el soberano le confirmó, después de hacerlo la Embajada de España en Cuba, que el viaje quedaba suspendido sine die por decisión del Ejecutivo, pero que en beneficio de las relaciones entre ambos países esperaba que un día no lejano pudiera estar en La Habana, "cuando lo decida el Gobierno español". "Para mí será un placer estar ahí", insistió el Rey. Y tras una breve despedida colgó. La conversación no duró más allá que un par de minutos. "El Rey fui muy amable", me dijo el ministro, el Gallego Fernández, con su sonrisa de pianola antigua pero bien engrasada.
No creo que la llamada de Felipe VI a Carlos Lesmes, a propósito de la decisión gubernamental de que no asistiera a la entrega de despachos a los nuevos magistrados de Barcelona, fuera muy distinta, sin ninguna extralimitación en sus funciones. Pero Lesmes, insigne bocachancla, lo contó y eso fue suficiente para la excomulgación democrática del monarca, que habría incurrido en una monstruosa deslealtad al Gobierno. Ha sido el punto de partida de una escalada delirante que llevó a Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, a afirmar que Felipe VI era "el diputado 53 de Vox". Pedro Sánchez no debiera simular ignorancia cuando sus socios de gobierno -sin excluir a un heroico ministro de Consumo- atacan al jefe del Estado. Pero lo hace. En cambio, cuando el juez García Castellón solicita al Tribunal Supremo que Pablo Iglesias sea investigado por cuatro hipotéticos delitos falta tiempo para que el PSOE -a través de su secretario de Organización y ministro de Fomento- salga en defensa del vicepresidente insinuando oscuras motivaciones en la solicitud del juez. Si los requisitos de procedibilidad que expone García Castellón en su escrito no son admisibles -y caben dudas acerca de tres de las cuatro preimputaciones- el Supremo lo rechazará. Si en virtud de alguna de los cuatro encuentra razones para ello, será investigado previo solicitud de suplicatorio por parte del Congreso de los Diputados. Iglesias y sus comilitones se refrieron -a veces con claridad, otros indirectamente- a un golpe de Estado del estamento judicial. Estos niños morados juegan constantemente con sus propios orines y cagarros, pero son ministros, secretarios de Estado, diputados. Nos va a salir cara -y no solo en términos económicos- su sucia adolescencia apoltronada.
Lo que está ocurriendo en este país es de una gravedad extraordinaria y la máxima responsabilidad no corresponde a una malvada conspiración ultraderechista -una idiotizada y sórdida derecha que está dividida y hecha unos zorros- sino al socio menor de un Gobierno que juega alternativamente a valerse del sistema institucional y reventarlo, a deslegitimar la separación de poderes, a impugnar la crítica, el control democrático y el disenso como actividades sospechosas. Como es obvio el señor vicepresidente Pablo Iglesias no renunciará a su condición de aforado. Está perfectamente cómodo en él, con su coleta, su cinismo hipertrofiado, sus brillanteces de profesor asociado y su inanidad política.
