Vistos los acontecimientos, habrá que esperar, primero, para comprobar el recorrido que tiene en Moncloa la propuesta del presidente Feijóo acerca de posibles cambios en la normativa sanitaria. Es razonable, es útil y resulta oportuna, pero esas características no coinciden con la costumbre de don Pedro Sánchez, quien suele dejar que otros decidan por él en los asuntos arriesgados. Y, sobre todo, rechazar cualquier iniciativa que parezca mejor que las que toma su equipo de "confianza", que, por cierto, inspira cualquier cosa menos tranquilidad.
Sea como fuere, la segunda ola de la pandemia del Covid -que es preludio de una tercera en invierno y ya se verá en primavera-, exige no solo lo que propone el jefe del Ejecutivo gallego, sino lo que han pedido casi todos los especialistas serios de este país y el mundo entero: coordinación, sentido común y fomento de la investigación mientras se hace acopio de material preventivo, por si acaso. Y nada de eso abunda en España, al menos que se haya informado a la población; y en Galicia tampoco se sabe demasiado, aunque aquí y en eso la gestión sea bastante mejor.
Lo que sí se conoce es que entre los aspectos de la lucha contra el virus -y que no funcionan- acaso el más destacado sea el capítulo de las sanciones. Y no se trata de reclamar penas de prisión o embargos masivos de propiedades contra los infractores de las normas que defienden la salud de todos: solo de establecer una respuesta equilibrada al riesgo, junto a reglas serias y efectivas. Es decir, que se adecúen a la gravedad de los hechos y que se cumplan con rigor. Porque una de dos: o el número de insensatos es mayor que el que se suponía o falla el control.
Es útil, o al menos lo parece hasta ahora, apelar a la sensibilidad y buena convivencia sociales: la gran mayoría de los habitantes de estos Reinos cumple con generosidad. El problema está en que quienes no lo hacen encuentran poco castigo y, sobre todo, escasos ejemplos a imitar entre los que deberían proporcionarlos de forma inequívoca. Presidentes sin mascarilla, ministros o consejeros sin guardar la distancia y -es de temer- no pocos con las manos sucias. Y eso, en todos los sentidos que se quieran adjudicarles, se comprueba a diario.
Hay que asegurar el cumplimiento de las sanciones que al parecer se imponen a diario. Y es preciso hacerlo con firmeza, como la situación actual exige, y con el rigor adecuado a los hechos que merezcan castigo. Pero sin excesos, siempre inadecuados a las circunstancias, ni "buenismos" que a nada conducen: en asuntos como el de la salud, es obligado aplicar a rajatabla eso de que "quien la hace, la paga", sin excepciones. Aunque urge otra cosa: una clara interpretación de las reglas por parte de los tribunales para evitar los esperpentos que aquí se repiten y los espectáculos bochornosos como el choque partidista de Madrid. La salud pública es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos, adaptando una cita clásica.
¿Eh...?
