Las Comunidades Autónomas con distintas intensidades se lanzaron a la aprobación de medidas contra la Covid-19. Quizá el caso más relevante haya sido el de la Comunidad de Madrid, que tras un "confinamiento" selectivo para el sur de la capital impuso nuevas restricciones y limitaciones generales en diez municipios de la región. Pero también en Galicia se han restringido derechos de manera generalizada, como es el caso de Ourense. Estas disposiciones autonómicas pretendieron encontrar amparo en la legislación sanitaria prevista para supuestos de actuaciones localizadas y para la adopción por las autoridades sanitarias de medidas puntuales sobre las personas infectadas. De ahí la lógica procesal de que estas medidas sanitarias urgentes tengan que ser autorizadas o ratificadas por el juez administrativo.
Unas disposiciones generales que surgen en el marco del Estado de las autonomías que concede la competencia exclusiva de la sanidad a los entes territoriales superiores. Sin que el Estado se desentienda del asunto mediante su propia competencia para la coordinación general en la materia. Un esquema idéntico al de Alemania y otros Estados federales, pero con muy diferentes resultados. Mientras que en Alemania la gestión de la pandemia se pilotó desde el principio por los "lander" bajo la supervisión e iniciativa de Angela Merkel, en España se declaró por Sánchez un estado de alarma que concentró el "mando único" en el Gobierno central.
En la desescalada frustrada de la enfermedad, las autonomías recuperaron el protagonismo, pero sin coordinación ni entendimiento con el Ministerio de Sanidad. El resultado es esta dispersión normativa de medidas contra la pandemia en los respectivos territorios, imponiendo limitaciones y restricciones que no respetan el catálogo constitucional de derechos fundamentales y libertades públicas. No es posible entender en buena técnica constitucional que las autoridades autonómicas estén habilitadas para adoptar medidas que afecten o limiten los derechos fundamentales en los mal llamados "confinamientos" que inexorablemente implican una limitación de la libertad fundamental de circulación proclamada en el artículo 19 CE.
Pero el problema de estos dislates no hay que achacarlo al Estado de las autonomías. El problema está en los gestores encargados de ponerlo en práctica. Unos gestores políticos incapaces de partir de puntos de común acuerdo, y más incapaces aún de lograr medidas compartidas. El problema no está en el modelo autonómico sino en su distorsión partidista, y, por tanto, profundamente irresponsable. El problema no está en cómo repartir la gestión contra la pandemia: el problema está en las respuestas que se están dando.
