A la espera de que se decida por los tribunales sobre el recurso presentado por la familia, no parece extraño que la decisión judicial que restituyó al patrimonio público el Pazo de Meirás constituya buena noticia para el presidente de la Xunta en el primer año de su cuarta legislatura. Y no solo porque su Ejecutivo lo había reclamado, sino porque su reivindicación parecía adecuada. Tampoco es casual que el fallo de la jueza suscitase satisfacción generalizada en este antiguo Reino.
El motivo de esa acogida fue no tanto -desde un punto de vista personal- porque se prive a los hasta ahora usuarios de la que fuera residencia de la condesa de Pardo Bazán, cuanto porque la sentencia insiste en un dato de interés general: que el "regalo" se hizo desde una institución pública a otra, no de familia a familia ni de particular a particular. Fue al jefe del Estado como tal -aunque en aquel momento solo de una parte del territorio- y, por tanto, al Estado mismo y a todas sus gentes. Por eso, se habla de restitución, concepto que incluye el tiempo de uso indebido y puede considerarse más amplio que el segundo.
A la vez, y salvo decisión en contra de los que tendrán la última palabra, aparenta -el concepto- conveniente también para conectar la sentencia con el hábito de las democracias: un presidente, o un monarca constitucional, entregan los obsequios que reciben en el tiempo de su función al patrimonio colectivo. Ocurre que, después, debería dedicarse al público y no -seguramente- a la utilización casi exclusiva de unos pocos, sea como residencia temporal o para cualquier otra finalidad que impida un acceso general, en todo caso controlado.
La cuestión -pese a que convenga mantener la prudencia: el asunto no es aún cosa juzgada- cuando llegue el momento oportuno será, pues, cómo emplear el Pazo de Meirás de forma que se asegure su condición de patrimonio público. E incluso cuál será la administración competente para recibirlo aun de forma provisional a la espera de sentencia firme. En teoría habría de ser la Diputación de A Coruña, pero también este es un punto de vista particular sometido a la corrección, si procede, de los expertos. Lo útil será que se eviten más conflictos.
Es curioso, por otra parte, que la decisión judicial se conociese en circunstancias en las que se debate la cuestión de los regalos institucionales y la difícil separación entre lo público y lo particular. Sin mezclar churras con merinas, la sentencia de Meirás, de confirmarse, podría aclarar, e incluso eliminar, las disquisiciones y de esa forma restituir el sentido común a unos asuntos que a veces se complican por intereses no del todo comunes. La restitución no tiene base política -la tuvo el "regalo"-, como piensan algunos, sino jurídica si así lo deciden los tribunales. Y, de algún cierto modo, devuelve a Galicia lo que le pertenece por voluntad de su antigua propietaria.
¿No...?
