La decisión judicial que paraliza la puesta en marcha del Área Metropolitana de Vigo constituye un golpe para las dos partes enfrentadas porque da -o quita- la razón a cada una. Impide lo principal, que es el funcionamiento de la entidad a causa de que no existe plan de transporte, pero ratifica los criterios de su constitución y presidencia que defendía el consistorio vigués. Alguien dirá, seguramente con cierta razón, que la sentencia -recurrible- es "salomónica", pero habrá que aguardar todavía un tiempo para saber qué ocurre el final.
Poco o nada hay que decir desde un punto de vista jurídico sobre el fallo del titular del juzgado: doctores tiene la iglesia del Derecho que sabrán responder. Pero las consecuencias políticas, en el sentido amplio del término, sí pueden ser objeto de opinión, personal por supuesto. La primera, que no por obvia debe omitirse, es que la paralización del Área, primer proyecto de esta Xunta y presentado a bombo y platillo en su día, es perjudicial para un gobierno gallego que no ha conseguido en Vigo lo que sí en otros puntos, y que es el básico plan del transporte.
La segunda observación es que el perjuicio se extiende a los habitantes metropolitanos, a su extensión territorial, su importancia social y su significación económica. Son muchos años ya, y demasiadas incidencias, cambios, idas y venidas del proyecto como para que ahora vuelva a enquistarse por algo que, como la cuestión del transporte -y su coste- parece ya casi personal. Y que en ningún caso debiera tener las consecuencias que tiene, aunque la lógica debe aportar una salida pactada lo antes posible. No será fácil, como no parece haber sido una sentencia que reconoce importantes dudas, pero es del todo necesario.
Parece seguro que las interpretaciones serán muy variadas y las acusaciones abundantes en una dirección y otra, pero se engañaría quien no entienda que el conflicto, cuanto más se prolongue. más daños causará al interés general. Reconocidas cuestiones de calado como constitución y presidencia del Área, lo pendiente no puede frenar un sistema de organización territorial y de servicios que Galicia necesita, ni el hecho sustancial de que, con Vigo a la cabeza, la conurbación y su consecuencia puede servir de modelo al Reino entero. Y eso es influencia global, también clave.
No se trata de hacer un reparto más o menos equitativo de responsabilidades entre Xunta y Ayuntamiento o entre el presidente Feijóo y el alcalde Caballero. Solo de insistir en la opinión de que la cuestión tiene remedio y que hay que buscarlo pronto. Y se equivocará el gobierno gallego si cree que el éxito del 12-J le refuerza en esto y lo extrapola, como el vigués si considera que la excusa de que sus ciudadanos no han de pagar lo de otros es una tesis sostenible a escala metropolitana. Y un buen político sabe bien que, tras un golpe reciente, no debe permitirse otro casi a continuación. Porque pueden marcar el declive.
¿No...?
