La ocupación de inmuebles preocupa cada vez más. Los ciudadanos contemplan escandalizados cómo se producen ocupaciones ilícitas de viviendas sin que desde los poderes públicos se aporten soluciones eficaces. La ocupación es un delito que tiene diferentes versiones y distintos castigos. Así, mientras el allanamiento de morada es la violación de un domicilio con sus legítimos titulares, la usurpación implica una ocupación de inmuebles según distintos grados de intensidad y sin la presencia de sus poseedores. En un caso las penas a imponer incluyen la condena a prisión de hasta dos años y en los otros se saldan con penas de multa.
Pero el problema de la ocupación se encuentra principalmente en los mecanismos cautelares para reaccionar rápidamente y conseguir el desalojo de los ilegítimos detentadores de los inmuebles. En nuestra ley procesal penal existen instrumentos suficientes para adoptar estas medidas judiciales, si bien deberían estar mejor perfilados por el legislador para conjugar las garantías con la eficacia de la acción de la justicia.
Desde algunos responsables públicos se está tratando con superficialidad el problema sin aportar soluciones y contribuyendo, si cabe aún más, a aumentar la alarma social. Por el contrario, el informe que recientemente ha elaborado la Fiscalía supone un buen ejemplo de trabajo riguroso para indicar soluciones y aleccionar a las Fuerzas de seguridad de cómo actuar a la hora de desalojar a esos ocupantes inesperados de las viviendas.
