El Gobierno cosechó ayer el primer revolcón de la legislatura, tras devolverle a los corrales la oposición en bloque la iniciativa, por real decreto, de meterse en buchaca los remanentes de los ayuntamientos. El curso político comienza con un suspenso en el primer examen para Sánchez, que se había acostumbrado a salir airoso de las comparecencias parlamentarias durante el estado de alarma y aún después. Un baño de humildad no le viene mal a la arrogancia: no se puede actuar a las bravas ni plantear un asunto tan espinoso sin negociar antes con todos los actores implicados.
Con el único apoyo cautivo de Teruel Existe, que lleva meses vendiendo su voto a lo que le pueda caer en la pedrea, PSOE y Unidas Podemos han recibido un sonoro sopapo. Ni una sola abstención: todos en contra de la ocurrencia de la ministra de Hacienda, que lejos de pedir disculpas se enroca en un ataque de soberbia y dice que los que más pierden son los ayuntamientos.
Hasta los alcaldes socialistas brindan a escondidas, por mucho que, semanas atrás, se vieran obligados a hacer el paripé, con la boca pequeña, a los designios de la jefatura. En el PP celebran discretamente, que no están en Génova para fiestas, con los cadáveres que le salen de debajo de la moqueta del despacho al pobre Casado, tal que la sede popular parece la güestia, un desfile de muertos vivientes que de cuando en cuando emergen.
La rebelión de los alcaldes ha tenido su premio. Que sean ellos lo que deciden el destino de los ahorros municipales en una situación de absoluta emergencia es de justicia. Los mandatarios municipales han sido, en estos meses, los campeones de la lucha contra la pandemia, con medidas efectivas y cercanas que generan tranquilidad y confianza.
