06 de septiembre de 2020
06.09.2020
Faro de Vigo
EDITORIAL

Por fin justicia con Meirás: un logro de todos

Aunque el fallo no es firme y todavía resta un largo recorrido en los tribunales, la sentencia es un primer gran paso hacia la victoria final

06.09.2020 | 02:11
El Pazo de Meirás. // Víctor Echave

Una sentencia histórica concluye que Meirás es propiedad del Estado, no una posesión privada para uso y disfrute de los herederos de Franco. Sin fisuras se ha pronunciado la jueza de Primera Instancia número 1 de A Coruña sobre la titularidad del pazo, residencia de verano del dictador desde 1938 pero antes, con Emilia Pardo Bazán como propietaria, uno de los epicentros de la cultura en España en el siglo XIX. La resolución judicial, emitida el pasado miércoles, obliga a la familia Franco a devolver el inmueble al patrimonio público sin ser indemnizada. Aunque el fallo no es firme y todavía resta un largo recorrido en los tribunales, la sentencia es un primer gran paso hacia la victoria final. De los investigadores que durante años se echaron a la espalda un trabajo de documentación fundamental; de los ciudadanos que, de generación en generación, custodiaron muy viva la memoria de cómo se había consumado el regalo del pazo; y de las instituciones que, detrás de todos ellos, sumaron fuerzas a la lucha para darle la cobertura necesaria y lograr, finalmente, este éxito de todos.

La familia Franco ya ha anunciado que recurrirá el fallo de la magistrada Marta Canales pero la resolución allana el camino para el triunfo definitivo, que no es otro que la consumación efectiva de la devolución de Meirás al Estado como su legítimo propietario. En una minuciosa y extensa sentencia de 390 folios, la jueza ve probado que el pazo se entregó al jefe del Estado y no al dictador a título particular, que la compraventa se hizo con una escritura "ficticia" para apoderarse del inmueble y de su idílico entorno, que nada se pagó por ello y que fue mantenido con fondos públicos. Demandantes y administraciones califican de impecable el fallo y lo celebran como una victoria democrática y un triunfo del Estado de Derecho con el que poner fin a una anormalidad histórica que dura ya demasiado tiempo.

"Si esto ha ocurrido, es porque la sociedad gallega reclamó este bien como un patrimonio robado, lo tenía grabado a fuego como un abuso y se fue transmitiendo de generación en generación". Carlos Babío es coautor, con Manuel Pérez, de Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio, y una de las figuras claves para mantener encendida la reivindicación popular que suma ya cuatro décadas activa. Tiene claro que, independientemente del arduo trabajo de documentación realizado por él y otros historiadores y de la implicación ulterior de las instituciones, hay una lucha cívica detrás sin la que persistiría el oprobio.

Las demandas no tardaron en aflorar tras la muerte del dictador, cuando la propiedad pasa a manos de sus herederos. La Asamblea Popular Gallega, el Centro de Cultura Popular de A Coruña o el Partido Socialista de los tardíos setenta fueron las primeras voces que se elevaron para pedir la devolución. También desde el Concello de Sada, o el de A Coruña, donde la recuperación, en la transición a la década de los ochenta, se incorporó al debate público. La llama estaba prendida y siguió activa, de manera larvada o discreta, hasta la creación de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica, en 2004. El pazo de Meirás se convirtió en punta de lanza de sus reivindicaciones y se promovieron las primeras movilizaciones vecinales.

Desde entonces, esta construcción señorial nunca volvió a abandonar la agenda política. Por iniciativa del gobierno bipartito en 2008, y a pesar toda la oposición judicial por parte de los Franco, el pazo fue declarado Bien de Interés Cultural en 2011. Los herederos del dictador pactaron un convenio con la Xunta de Feijóo para garantizar su apertura al público por el que el Gobierno gallego asumía los costes derivados de las visitas y los daños que pudiesen producirse. Sin embargo, la tónica durante mucho tiempo fue el incumplimiento de la familia que se mantenía desafiante. En los años siguientes se sucedieron los expedientes administrativos abiertos, que fueron cerrados sin sanción. Un largo deambular hasta que el consenso popular tejido en torno a la causa provocó un nuevo giro. La Xunta asumió que, si se demostraba que la adquisición había sido un expolio y no un regalo, sería factible la devolución.

Los Franco continuaron ganándose expedientes por los incumplimientos con sus obligaciones como BIC y, paralelamente, intentaron deshacerse de la propiedad, infrautilizada por la familia: la pusieron a la venta por ocho millones de euros, a principios de 2018, y delegaron la gestión de las visitas a la Fundación Franco. Sus movimientos no hicieron más que dar aire a la demanda. La Plataforma pro devolución del pazo, constituida por la Diputación, treinta concellos y diversos colectivos, proponía que se declarase la nulidad de la compraventa de 1941, ya que, según un informe realizado por aquella, había sido una simulación, una de las cuestiones ahora ratificada por la sentencia.

El comité de expertos que puso en marcha la Xunta también se mostró partidario de que el Estado ejerciera una acción civil al considerar que la compraventa de 1941 fue fraudulenta, dado que el inmueble ya había sido adquirido y donado al dictador en 1938, en calidad de jefe del Estado.

El hito que apuntaló la articulación de la demanda judicial fue el hallazgo de un documento clave gracias a la intervención activa del Gobierno español y la Abogacía del Estado: un acta notarial de 1938 que demostraría que la compra del pazo por los Franco en 1941 había sido simulada como ya estimaban todos los expertos. Sobre el documento, el Ejecutivo socialista construyó la reclamación judicial presentada en julio de 2019. La Xunta anunció su personamiento, al igual que lo habían hecho los concellos de Sada y A Coruña y la Diputación.

Así pues, la trascendental sentencia que falla ahora la devolución de Meirás al Estado se erige en exponente máximo de una justa lucha colectiva y por consiguiente, en un triunfo de todos. La propia magistrada lo explicita en su resolución cuando se refiere a ello como ejemplo de "madurez de nuestro sistema democrático". Conviene recalcarlo no solo por las características del hecho juzgado y de sus implicaciones. También especialmente como paradigma del proceder de la democracia y de la justicia a la hora de poner fin a un abuso histórico. Un consenso de muchos años, no solo social sino entre administraciones, que debería ser ejemplo y no excepción, ante los múltiples desafíos que nos toca vivir.

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