Respaldada -en cierto modo- por la decisión de los tribunales al considerar libertad de expresión llamar "ladrones" a los miembros de la familia Borbón y "corrupta" a la Casa Real, la portavoz del BNG ha decidido sostenella, no enmendalla y dar un paso más. Por eso, y porque quizá lo supone política y electoralmente productivo para el Bloque, anuncia que pedirá al Gobierno que "deje de amparar" a los moradores de la Zarzuela, ya que considera que desde el palacio vecino, el de Moncloa, desarrollan una estrategia de protección a la monarquía.
Resulta sorprendente lo del "amparo" -al menos en opinión de quien escribe, y dejando para otro día el debate sobre monárquicos, republicanos o ácratas-, ya que de lo que se trata ahora es de la Jefatura del Estado. Extrañeza porque el nacionalismo gallego, al menos en la versión que lidera doña Ana, siga la senda de otros como el catalán o del rupturismo podemita que Galicia acaba de rechazar de un modo indiscutible. En ese sentido, no es ilógico creer que el beneficio electoral -tardío en todo caso- que esperaría la portavoz del BNG es ilusorio.
Sin negar el derecho de la señora Pontón a ejercer lo que cree libertad democrática -que en desde un punto de vista particular no debe incluir el insulto, por más que algún juez así lo diga-, lo que pretende su señoría aparenta, más que un caso de moral pública, un ejercicio de lo que antes se decía "moralina". O sea, una apariencia para andar por casa y, en consecuencia, endeble. Sobre todo cuando la iniciativa de la hábil doña Ana, que no da puntada sin hilo, se rige por el sistema normativo que en lenguaje común ha dado en llamarse en la "ley del embudo".
Sin apelar en absoluto a la regla de las comparaciones, que son odiosas casi siempre pero en algún caso convenientes, la distinción entre moral cívica y moralina se establece precisamente por los ámbitos de la denuncia y su auténtico objetivo. Si es para reparar daños jurídicos causados por personas o instituciones de especial relevancia, hay que eliminar excepciones y afrontar los escándalos de frente, pero respetando principios básicos establecidos en la Constitución. Uno de ellos, la conocida pero poco respetada presunción de inocencia hasta el fallo judicial.
Resulta evidente que la señora Pontón no es partidaria de la Constitución vigente, aunque la acate, y que eso la obligaría a respetar aquella presunción. Pero, de olvidarla, sería necesario, y ejemplarizante, que extienda su exigencia de pesquisa a todos los asuntos oscuros que afectan a personas y/o instituciones. Pero nunca, hasta ahora, se ha referido a otros supuestos escándalos que -aún sin olvidar tampoco que se presume la inocencia- afectan a cargo de tanta relevancia como la Vicepresidencia segunda del Gobierno, a quien la ostenta y a su partido, con el que el BNG colabora en la actualidad sin establecer, al menos en apariencia, algún cordón sanitario. Es detalle curioso, y por eso se insiste -con el máximo respeto a la portavoz nacionalista- que hay moral y moralina. Y esto no es una crítica, sino un recordatorio de que no conviene confundir ambos conceptos.
¿ Eh??
