A escasas fechas del inicio de un curso escolar que se avecina convulso, en este país se anuncian diecisiete maneras distintas de usar las mascarillas o de ventilar las aulas. Tantas como comunidades autónomas existen. Desde la barrabasada del populista Revilla, que pretende poner bozal de tela a los escolares desde los 3 años; a la multiplicación de los panes y los PCR en Cataluña, donde están previstos 500.000 test en el ámbito educativo en los dos primeros meses del nuevo curso.
Tal vez se quede corta la previsión de que soportamos diecisiete sistemas educativos distintos: en realidad son treinta mil, tantos como centros escolares existen, pues algunas comunidades delegan en los directores la responsabilidad mayúscula que el Ministerio a su vez, irresponsablemente, ha delegado en ellas.
En medio de este maremágnum educativo que tiene a los padres y a los alumnos más estresados que a Bartomeu tras la espantada de Messi, la pregunta más relevante es discernir si España (no Asturias o País Vasco o Cataluña o Madrid o Murcia, cada cual a su modo y a su aire) está en condiciones de abrir los colegios. O yendo un paso más allá, en qué condiciones habrá que optar por cerrarlos, si las circunstancias sanitarias lo requiriesen. Y si esos condicionantes serán idénticos en todas las comunidades o cada virreinato tomará medidas diferentes.
¿Cómo va a existir orden y concierto en la educación si para gestionar uno de los servicios esenciales para el crecimiento y desarrollo intelectual de las generaciones más jóvenes hay tres ministerios distintos con competencias en el ámbito educativo? Con competencia o, mejor dicho, con notable incompetencia.
