Con motivo de la invitación que me hicieron los profesores Durand Alcántara, de la Universidad Metropolitana de Azcapotzalco de Ciudad de México, y Gallardo Zúñiga, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del estado mexicano de Sonora, en el año 2017 tuve la ocasión de informar cuál era la posición de la Unión Europea sobre la Política Agraria Común que se sigue para 27 países que forman parte de la Unión. Allí asistí en mi calidad de secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria de la Universidad de Los Andes.
Decía entonces que el desarrollo rural de los países de la Unión está dirigido, subvencionado y orientado por Bruselas desde hace muchos años, y que hasta hace poco tiempo casi el 50 por ciento del presupuesto de la Unión se destinaba a aplicar la política establecida en sus reglamentos
La Comunidad Autónoma de Galicia ha venido disfrutando desde hace muchos años de la parte que a ella se destina por nuestro Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una cuantía que podemos cifrar en varios miles de millones de euros. Tanto es así que el campo gallego recibió el pasado año casi 392 millones y que actualmente se está discutiendo el marco financiero plurianual 2021-2027, con la pretensión de que no se reduzcan sus asignaciones sino que se aumenten en razón de los 140.000 millones del Fondo Europeo para España como fondo de reconstrucción, y de los 72.700 millones más de ayudas directas a fondo perdido, que se han aprobado para impulsar la economía europea tras la crisis del Covid-19.
Lamentablemente, no existen estudios académicos puntuales, ni conocemos de otra naturaleza, sobre este sector tan importante como lo es el Medio Rural gallego con respecto a la PAC, que hasta hace poco era el más subdesarrollado de nuestra región. Deseamos sacarlo de la marginación y postración, pese a los notables esfuerzos en concentración parcelaria del minifundio y montes vecinales en mano común del latifundio que se han hecho en los últimos años.
En materias de reforma agraria y de desarrollo rural hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, sin gran éxito: "El Derecho Agrario de Galicia" (Vigo, 1987) ; "Una década de legislación agraria de la Comunidad Autónoma de Galicia: 1981-1991" (Vigo, 1992); "Derecho Agrario y Propiedad Forestal en Galicia" (A Coruña, 1993); "La cuestión agraria en Galicia hoy. La reforma de estructuras a través de la ley" en la revista científica Investigación, Cultura, Ciencia y Tecnología, (Vigo, 2018), que preside José Luis Vázquez.
Se trata de definir de nuevo qué es agricultor, ahora genuino, y el techo máximo de ayudas directas, además de los planes estratégicos nacionales, el pacto verde, la preservación en la lucha contra el cambio climático, y la del medio rural (suelo, aire, agua, biodiversidad y paisaje). Todo esto nos concierne como ciudadanos, no podemos estar al margen. Por ello pensamos que debe darse la mayor publicidad y fomentar su investigación y difusión.
Está bien que nos preocupemos por las tierras abandonadas y se recuperen por la Xunta para evitar, al menos, la desbordante maleza y los voraces fuegos estivales; que se permita permutar tierras entre particulares y ampliar las explotaciones existentes; que se gestionen los terrenos baldíos y que puedan pasar al Banco de Tierras; que se profesionalicen los campesinos en la explotación de sus terrenos; que no se reduzca el número de solicitantes de las ayudas de la PAC, aunque todo esto suene un tanto utópico.
Aparte están los Fondos de Desarrollo Regional (Feder) y los Fondos de Cohesión, en que interviene la Xunta. Por último, y no menos importante, decir que es de lamentar que en Galicia no hay ninguna cátedra de Derecho Agrario.
*Consejero de UVIGO
