A la luz de los datos que acaba de publicar este periódico citando un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, las universidades gallegas son un auténtico foco de contrastes. El más destacado, quizá, es que a pesar de eso, ocupan lugares en cierto modo destacados: tienen una media de edad en su profesorado entre las más altas y a la vez están a la cabeza de la producción de patentes y -casi- en el número de alumnos que las eligen para matricularse. Entre otros muchos, lo que debiera provocar al menos la curiosidad de un país que, como Galicia, las necesita. Si es posible mejoradas, por supuesto.
Las necesita, dígase eso antes de seguir, por cuanto tienen de capacidad investigadora en tiempos en los que la inversión pública en ese terreno no reluce precisamente entre las prioridades. A pesar de que cada día que pasa es más evidente que sin el famoso I+D+i nadie puede siquiera pensar en el futuro porque entran escalofríos a los que aún confían en garantizarlo próspero. Algo que, a pesar de que las circunstancias actuales no ayudan a generar apuestas por sólidas que parezcan, debería tener un lugar destacado en cualesquiera Presupuestos. Y no es así.
(Claro que, ya puestos y en esa misma línea, existe un contraste si cabe aún más agudo: la ausencia del asunto no ya en los escasos mítines electorales de estos días, sino -de una forma concreta y específica- en casi todos los programas de los partidos en campaña. Datos ambos que demuestran lo que tantas veces se ha denunciado, que es el vicio de quienes practican el mester de la política de circular por la sociedad que aspiran a gobernar solo con las luces cortas. Lo que aumenta el peligro de que se estrellen y, lo que es peor todavía, que se lleven consigo a la gente corriente.)
A estas alturas, si hay algo comprobable de cuanto está dejando la pandemia del Covid-19 es que los cambios en los procesos de producción de determinadas actividades no se multiplican a medio y largo plazo de forma paulatina, como se esperaba, sino que serán casi inmediatos. De hecho ya se palpan a través del trabajo en domicilio, las reuniones telemáticas de muchos consejos de administración, etcétera, solo como punta del iceberg. Lo que abre otra incógnita: cómo reincorporar por ejemplo a los parados, faltos de la formación que van a necesitar para volver al trabajo.
Esa realidad -que ni siquiera es nueva stricto sensu: se anunció, y hasta se dibujó, hace mucho tiempo- obligará a modificaciones sustanciales también en el terreno de la educación, de la formación profesional e incluso en la mentalidad laboral colectiva. Y nada -o, para ser justos, muy poco- de la enorme tarea pendiente parece ser objetivo de las autoridades correspondientes, a nivel de Estado y de autonomías, ni tampoco de los que aspiran a sustituirlas ahora o con el tiempo. Porque hay un silencio estruendoso acerca de las propuestas o de las alternativas. Y ya ni se diga de los cálculos que habrán de hacerse acerca de la inversión. Y no se habla de costes, porque ya quedó advertido que sólo los necios confunden el valor con el precio. ¿No??
