A estas horas, decidida en apariencia la prórroga del estado de alarma, resulta ya obvio que no se propone tanto por razones sanitarias cuanto por conveniencia del Gobierno que administra sus efectos. Naturalmente, se trata de una opinión personal, pero argumentada en lo que hasta ahora sucede en el mercado parlamentario. Que eso es lo que es, y no otra cosa, si se considera que Moncloa negocia los apoyos como haría un tratante de ganado: subiendo o bajando el precio según vaya la subasta. Pero sin arriesgar la pérdida de clientes interesados.
Conste que no se descarta del todo un factor sanitario en esa prórroga, pero ha de ser en cierto modo secundario. De lo contrario, carecería de sentido la aparente generosidad del Gobierno para suavizar las condiciones de la desescalada. Aunque este buen talante del señor Sánchez, conocidos sus antecedentes, podría ocultar la intención de aprovechar la mejoría de la situación de la pandemia para fortalecer su propia imagen y mérito. Que andan, ambos, más bien pachuchos. La sospecha es propia de perversas suposiciones, pero hay que tener en cuenta aquello del "piensa mal y acertarás".
Sea como fuere, lo que no deja margen para muchas dudas es lo que el presidente del Gobierno está dispuesto a entregar -además de lo ya concedido- a sus aliados para que respalden la prórroga. En el caso de ERC, la dinamización de la Mesa para resolver el conflicto "político" de Cataluña, signifique eso lo que signifique. Y al trío de PNV, Esquerra y Bildu, la gestión de los fondos para la recuperación económica futura y la gestión de la renta mínima a Navarra además de a las otras dos Comunidades. En Galicia -excluida-, a eso se le llama un auténtico chollo.
Y de eso se trata: de reafirmar la denuncia hacia un Gobierno, el del PSOE y Podemos, que no hace sino befa, mofa y escarnio, que diría Muñoz Seca, con el conjunto de Españas. Utilizando, además, de modo dudoso las ventajas que le da el estado de alarma sin el menor escrúpulo. Una denuncia que no se hace porque aplique un programa respaldado por la mayoría de los votantes, sino porque ha hecho lo contrario de lo que prometió y que no se justifica apelando a la "soberanía del Parlamento", que no está sino para hacer cumplir el programa elegido.
Galicia, constitucionalmente una nacionalidad histórica como la de vascos y catalanes, es una de las grandes perjudicadas por esta conducta, y por eso cumple decir que la paciencia de sus habitantes ha de tener un límite y que pensando en el bien común, y en la ventaja de lo colectivo, hay que proclamarlo a todos los vientos y actuar en consecuencia señalando como corresponsables a los que aquí, parapetados en las sucursales, solo hablan para prometer lo que no pueden cumplir. Y ya está bien de tomaduras de pelo.
¿O no...?