Hay un fenómeno al que, con tanta información como se publica diariamente en nuestros medios sobre las consecuencias económicas del coronavirus, apenas se le ha prestado hasta ahora debida atención.
Me refiero a la ruptura unilateral de los contratos con las empresas de los países pobres a las que las principales cadenas del mundo rico venían encargando la fabricación de prendas de vestir o deportivas para su venta en Occidente.
El pasado mes de marzo, numerosas cadenas del mundo de la moda suspendieron el pago de miles de millones de euros o de dólares adeudados a sus proveedores de países como Bangladesh, Myanmar o Pakistán, entre otros.
En muchos casos, aquéllas se negaron incluso a pagar por la ropa ya fabricada con el argumento de que no iba a encontrar salida, lo que significa que, a su vez, los proveedores se han visto obligados a despedir a sus trabajadores.
Según un reciente estudio (1), el valor total de los contratos con los proveedores cancelados por las grandes cadenas de tiendas de moda occidentales, entre ellas Primark y C&A , llega a 1.440 millones de euros.
Con el pretexto de que se obligaban a tomar esas medidas por causas de fuerza mayor, muchas empresas se negaron incluso a pagar la ropa ya fabricada o que estaba en pleno proceso de fabricación.
Pocos proveedores van a atreverse, sin embargo, a demandar a sus clientes por miedo a que éstos no cuenten ya más con ellos en el futuro, escriben Armin Paasch y Miriam Saage-Maass en un artículo para la publicación alemana "Blätter für Deutsche und Internationale Politik".
Las consecuencias para ese país asiático son dramáticas: según la asociación de productores textiles de Bangladesh, sus ingresos en la primera semana del pasado mes de abril cayeron un 77 por ciento con respecto a la misma semana del año anterior.
Cerca del 73 por ciento de los productores reconocen que no podrán seguir abonando los de por sí miserables sueldos que pagan a sus trabajadores y que ninguno de éstos va a recibir tampoco indemnización.
Esos impagos se han visto facilitados por el hecho de que las cadenas de moda suelen pagar a sus proveedores entre dos y tres meses después de recibir la mercancía encargada, con lo que los segundos corren con todos los riesgos.
Las principales víctimas del sistema son los trabajadores de esos países de Asia pero también de África, que para colmo no cuentan con una red estatal protectora como en nuestros países.
La política social y económica neoliberal, las imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, han contribuido al desmontaje de la poca protección legal que tenían esos trabajadores.
Y las empresas textiles locales aprovecharon a su vez los bajos costes laborales para montar un modelo de negocio que ha servido muy bien a los intereses de las principales cadenas de moda occidentales.
La crisis del coronavirus amenaza con provocar una catástrofe social de proporciones globales. De ahí que la Confederación Sindical Internacional reclame la renovación del llamado Fondo Global para la Protección Social mientras que las principales ONG de ayuda al desarrollo aboguen por la cancelación de la deuda de los países más afectados.
(1) Mark Anner: "¿Abandonados? El impacto del Covid-19 en trabajadores y negocios de las cadenas de suministro globales".
