Casado ha propuesto un plan B de leyes ordinarias para oponer al estado de alarma que está alarmando a muchos españoles al haberse convertido en una única opción y esperanza de vida. A otros, menos. Incluso los hay que no están en absoluto preocupados por las restricciones de los derechos porque creen que mientras esté en juego la salud cualquier otra cosa es secundaria. El problema es que el estado de alarma no la garantiza; el Gobierno, para poder seguir prorrogándolo, ha tenido que programar una desescalada que actúa, en cierto modo, como un detonante de la rebelión en las calles y en los balcones y que no se sabe bien si va a tener efectos contraproducentes en la inmunidad y la economía.
El PP plantea, según parece, un pacto de Estado por la sanidad, la reducción de impuestos y prolongar el ERTE hasta diciembre. Además de implantar una huella digital para rastrear los contagios. Habrá que ver en qué especie de trino político quedará la capacidad de respuesta de Ciudadanos, que se las había arreglado para encontrar un espacio político a la sombra de las prórrogas. Si va a renunciar a defender públicamente la fiscalidad que hasta ahora ha defendido o a preferir el acuerdo engañoso con Sánchez antes que alinearse en favor de un gran pacto de Estado por la salud pública. La gran equivocación de Casado fue no haber presentado hasta ahora una alternativa, como se puede comprobar por el escaso tiempo que ha tardado el Gobierno en anunciar reformas legislativas para prescindir del estado de alarma a finales de junio. O por la divulgación del estudio de seroprevalencia que pretende hacernos comprender que aún no nos hemos contagiado suficientemente, que seguimos en peligro, y por lo tanto debemos continuar bajo un yugo por nuestro bien y nuestra salud. No hay "rebaño inmune" pero la intención es que sea pastueño.
