Es de todos sabido que una Administración de Justicia eficaz coadyuva sobremanera al desarrollo económico de un país. El tiempo y coste que para una empresa supone el cobro de sus créditos por vía judicial es un factor de vital importancia para su salud económica y, a la postre, para la del país. En este sentido, España se ha caracterizado por su ineficacia endémica, situándose en los peores puestos del ranking de los Estados europeos. El mal viene de muy atrás y no parece haber preocupado en exceso a nuestros gobernantes, al menos eso cabe concluir si medimos el interés por los resultados y la falta de avances sustanciales. No sería justo sostener que no ha habido mejoras; claro que sí (especialmente, por ejemplo, en la construcción de nuevas sedes judiciales). Pero no puede desconocerse que han sido avances menguados, siempre por debajo de las necesidades, por lo que esa insuficiencia se ha ido acumulando y creciendo de manera notable pese a las reiteradas quejas.
Puedo decir que en el transcurso de cuarenta años de ejercicio profesional, la radiografía de la Justicia, en lo que a la prestación del servicio se refiere, sigue mostrando, en esencia, los mismos padecimientos, a saber: lentitud, ineficacia, falta de medios materiales y personales. Las quejas de ayer se repiten hoy. Es conocido el diagnóstico, y, sin embargo, el mal persiste, luego es claro que hay error o ineptitud en la terapia. O lo que es peor, no hay verdadera terapia. Faltan medios y faltan remedios. Faltan ideas y sobran discursos y promesas. Con frecuencia se habla del concierto político para un gran pacto de Estado para la Justicia, pero los que así hablan no se conducen después como hombres de Estado.
En suma, partimos de lo que teníamos, una justicia menesterosa, escasa en recursos, ya de por sí colapsada, con tribunales asfixiados. El CGPJ ha desoído repetidamente, hasta el desdén, la petición insistente de una regulación de las cargas de trabajo. Ministerio de Justicia y CGPJ han ido trampeando los déficits de la Administración de Justicia, sin asumir un compromiso serio con los jueces y la sociedad. Venimos soportando una política cicatera en la creación de órganos judiciales. Urge rehacer el mapa judicial, una ley de demarcación adaptada a la situación demográfica, económica y social de la España actual. Es un primer paso indispensable para el diseño de una nueva Administración de Justicia. No puede demorarse más. Pasan los años y nada se hace, solo apaños y zurcidos, parches y composturas. En fin, todo un fiasco del que nadie responde. Eso sí, llegan las ceremonias de aperturas de tribunales y todos se aprestan a cubrir de terciopelos y discursos una realidad pobre, desamparada y mustia.
Faltaba la puntilla final. Es el regalo de una pandemia que lo ha puesto todo patas arriba. Y sobre esta Justicia descalcificada y abatida, que arrastra desde hace años varias patologías, se cierne ahora el efecto incontenible de esta desmesura patógena que es el temido aluvión de litigios hijos de la pandemia. El colapso será de dimensiones terribles. Se avecina un estado de impotencia.
Lamento decirlo, pero lo cierto es que no veo solución ni a corto ni a medio plazo. Sea realista o pesimista, nada deseo más vivamente que equivocarme. El abandono y el desinterés es de décadas, y el cáncer ha ido avanzando hasta el extremo de hacer de su cura casi una quimera. La verdad es que no debe nadie mostrar extrañeza. ¿Qué otra cosa podía esperarse con un CGPJ -distraído a veces con otros menesteres- que ha cultivado con esmero e indiferencia su propio y creciente desprestigio? ¿Qué esperanzas serias podían abrigarse con un Ministerio de Justicia con bajo presupuesto? ¿A qué podemos aspirar con unos políticos incapaces de ponerse manos a la obra y comprometerse en la articulación un pacto serio y ambicioso sobre la Justicia que no se agote en palabras altisonantes? Unos y otros están ciegos y no acaban de enterarse de que en materia de Justicia la demanda de la sociedad ha crecido sobremanera, pero la oferta del Estado es insoportablemente deficiente. Diríase que poco importa a los gobiernos garantizar la excelencia de un sistema judicial eficaz y robusto que sirva al amparo de los derechos de los ciudadanos. De estos parece que solo interesa a los gobernantes la urna electoral y la hucha fiscal.
