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El agujero negro de la renta mínima

La pugna entre los ministros Escrivá e Iglesias por uno de los proyectos estrella del Gobierno

Sobre la necesidad de una renta mínima vital (RMV), que el Gobierno parece querer poner en marcha prontamente, existe en principio un acuerdo generalizado. Se han manifestado a su favor, por citar opiniones acaso no muy esperadas, Luis de Guindos o FAES, la fundación que preside J. M. Aznar. Ahora bien, mientras algunos tratan de convertirla en algo incondicionado, en camino de una renta básica universal, como pretende Unidas, la mayoría se pronuncian por la temporalidad y por ligarla a condicionamientos. Así García-Page: "Hay que vincularlo al trabajo. Lo contrario nos lleva a un país subvencionado. España no puede arreglar esta pandemia pasando a ser un país subsidiado".

Agujero negro. La cómica pelea entre Escrivá e Iglesias la tercera semana de abril sobre la fecha de la puesta en marcha del proyecto, que parece que se va a retrasar al menos un mes sobre aquel momento, no solo refleja la pelea entre PSOE y Unidas por abanderar "el regalo", sino que traduce las incógnitas sobre en qué va a consistir realmente la RMV. Se ignora su coste (se han barajado cifras que van de los 3.000 millones a los 8.000, con una intermedia de 5.500); esa indefinición desvela, a su vez, que no se sabe muy bien a quiénes va a afectar la disposición. Se calcula (se supone) que aproximadamente a un millón de hogares, lo que implicaría unos tres millones de personas. Ahora bien, uno de los instrumentos de que se quiere disponer para averiguar la renta de los destinatarios, a fin de evitar el fraude, son las declaraciones del IRPF, pero es evidente que muchas familias están por debajo de los ingresos necesarios para tener que hacer la declaración. Es imposible solventar eso.

Economía sumergida. Se afirma siempre que la economía sumergida representa en España uno de los porcentajes más altos del PIB de Europa. En esas condiciones, ¿cómo accederán a la RMV quienes se hallen en ella y tengan ingresos que realmente los hicieran acreedores a la prestación? Y, desde otro punto de vista, ¿cómo saber que quienes proclamen tener ingresos escasos, o incluso lo acrediten, no están obteniendo un monto suplementario, mayor o menor, a través de la economía sumergida?

Compatibilidad con las ayudas de las comunidades y los ayuntamientos. Parece que, en principio, la RMV estatal va a ser compatible con los subsidios del mismo carácter que ya tienen establecidas todas las autonomías y con las ayudas de casi todos los ayuntamientos. Como puede suponerse, además, ninguna institución política, local o autonómica, va a renunciar a que se vea que es ella quien hace entrega de las ayudas.

Resultados injustos. Puede así suceder (sucederá) que las rentas obtenidas al final por los beneficiarios de la RMV superen los salarios de muchos trabajadores que tendrán unos ingresos inferiores o iguales en activo. Máxime si se tiene en cuenta que, además, quienes tienen nominalmente una renta más baja, por carecer de prestaciones o por otra razón, son además los primeros beneficiarios de ayudas municipales y autonómicas (libros, becas de comedor, pisos sociales?), en detrimento de quienes trabajando tienen, en último término, unos ingresos iguales o inferiores. De modo que, paradójicamente, es el esfuerzo de estos el que financia a los otros.

Temporalidad, condiciones y crecimiento. En principio, parece ser que la intención del titular de la cartera responsable de poner en marcha la prestación es ligarla al compromiso de formación y búsqueda de empleo, como ocurre en prácticamente todo el mundo, y que sea temporal. Si es que se hace de esa manera -veremos, es posible que Unidas pugne por la incondicionalidad de la renta-, no es fácil que sea efectiva. Por otro lado, la experiencia histórica en todas las comunidades es que los beneficiarios de las rentas mínimas o salarios sociales tienden siempre a incrementarse, como sabemos muy bien en Asturies.

Burocracia y coyuntura económica. Además, como les contará cualquier funcionario a quien pregunten, es muy difícil comprobar la veracidad o exactitud de las declaraciones de los solicitantes, y más aún seguir la evolución de su economía, no solo por la falta de personal, sino por la propia dificultad de la averiguación. Por otro lado, en esta coyuntura, con el déficit disparado, la recaudación muy a la baja, la deuda incrementada, añadir un gasto de entre 5.000 y 8.000 millones, aunque sea indispensable, no es cuestión baladí.

El gestor titular. Don José Luis Escrivá, anterior presidente de la AIREF, es hombre voluntarioso y bienintencionado. En ese cargo, por ejemplo, aseguró hace poco que el déficit de la Seguridad Social se solucionaría con 280.000 emigrantes que viniesen a trabajar anualmente a España. ¿Con qué cualificación? ¿En qué empleos? Eso no lo dijo. Afirmó también que la Seguridad Social no tendría déficit si las partidas que tiene indebidamente a su cargo, como las pensiones no contributivas y otras gabelas, que él estimaba en 15.000 millones, pasasen a los presupuestos ordinarios del Estado. Cierto, tan cierto como que el déficit, en un lugar o en otro, no desaparecería.

Deberíamos, pues, enfocar el problema con estudios suficientes, sin cálculos desafortunados, con tanto realismo como voluntad de solventar el problema de quien lo tiene, pensando en el mañana y, sobre todo, sin demagogia, sabiendo que, como tituló don Antonio Zamora, "no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague".

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