El índice PMI, basado en solventes encuestas, predice la tendencia de las economías. Por encima de 50, bien. Por debajo, problemas. El 50 es el punto medio y por ahí iban las economías europeas. Pero llegó la pandemia y el cierre de la actividad y todo cambió. Y "la ferocidad de la caída" -así se expresa el director de la encuesta- ha sido muy superior a lo previsto.
En marzo el índice PMI de la eurozona cayó a 30 y el de abril se ha desplomado a nada menos que el 13,5. ¡El mínimo histórico! ¡En lo peor de la crisis del 2009 se quedó en el 36! Por eso los gobernantes de los países de la UE que se reunieron el jueves aprobaron con rapidez el paquete de medidas urgentes de más de 500.000 millones pactados por los ministros de Economía.
También acordaron un plan de recuperación que tendría que funcionar el próximo 1 de enero que la Comisión perfilará a primeros de mayo. Y hay casi total unanimidad en que, en este momento, los estados deberán aguantar la economía -liquidez de las empresas e ingresos de los trabajadores- para evitar un desplome total de muy graves consecuencias.
Pero Europa, a diferencia de Estados Unidos, no es ni una nación soberana ni un estado sino una unión de estados. Serán los estados nacionales -Alemania, Francia, España?- los que deberán afrontar la gran carga. La UE ayudará con el plan de recuperación que debe ser muy fuerte. ¿Cuánto? Merkel habló de un billón de euros y España de 1,5 billones. Pero lo que se discute es si el apoyo consistirá en créditos blandos a los países más afectados (la idea de Austria o Holanda) o de "grants" (subsidios) del fondo comunitario, por lo que abogan Macron, Sánchez y Conte. Ya está claro que habrá fondos. ¿Quién los acabará pagando? Los países del sur no quieren que todo lleve a un aumento de su deuda pública que lastre su futuro.
Por eso Sánchez habla de un plan Marshall, el que pagó Estados Unidos para reconstruir Europa tras la guerra mundial. Pero los países del norte son reticentes. Saben -y temen- que sus electores no quieren pensar en más impuestos. Así, todo puede acabar en una solución mixta entre subvenciones (a pagar solidariamente por un fondo comunitario) y créditos blandos a los estados a largo plazo.
Y como último recurso el BCE -como ya pasó con Draghi- intervendrá los mercados comprando bonos de los países con dificultades. En parte ya está pasando y el BCE ya tiene en su balance 350.000 millones de deuda española y nos financiamos a 10 años al 1% (aunque a primeros de marzo lo hacíamos sólo a un 0,32%).
Europa ayudará, pero los estados nacionales están en primera línea de fuego. Y España no lo tiene nada fácil. El Banco de España ha avisado esta semana que el PIB puede caer más del 10%, que el paro se incrementará hasta el 20% (13,9% a finales del 2019), que el déficit público saltará del 2,8 al 10% y que la deuda pública superará el 110% del PIB (95,5% en el 2019).
Pedro Sánchez, que preside un gobierno en minoría, pide un gran pacto para afrontar el peor momento de España desde 1936. Pablo Casado, el líder del segundo partido (89 diputados frente a 120 del PSOE), le responde que la crisis es un gran iceberg, que Sánchez es el capitán del "Titanic" y que no cuente con el PP para hacer de alegre orquesta mientras el barco se hunde.
Pero todos somos el "Titanic". El clima político lleva años degradado y llegar a acuerdos formales sería un milagro. Se vio el miércoles en el Congreso. Todos contra todos y todos contra el Gobierno. Pero luego, al final, el tercer estado de alarma se aprobó por 269 votos contra 60. A favor PSOE, PP, Podemos, Cs, PNV y varios diputados de izquierda. Se abstuvieron ERC y Bildu y sólo votaron en contra Vox, las CUP y JpC.
Así, en la práctica, ya funciona una música de excepcional: críticas e insultos sin piedad, pero coincidencia de voto. ¿Es sostenible una discordia chillona que acabe en vergonzante concordia?
Fuerte bronca en el parlamento, pero bastante coincidencia de voto entre PSOE, PP, Podemos, Cs, PNV e incluso ERC y Bildu. Y ¿quién votará contra las medidas económicas que deberán consistir en liquidez para evitar el cierre de empresas, prórroga de los ERTE contra el paro y alguna renta mínima? El gobierno lo propondrá, tras hablarlo con la CEOE y los sindicatos, y me cuesta ver al PP o al PNV votando en contra. Incluso a ERC o Bildu.
¿Vamos a continuos choques políticos -¡tú incompetente!, ¡tú reaccionario!- que maquillen, o adornen, una confluencia de voto? Quizás no haya otro remedio y a eso se acaben reduciendo los nuevos pactos de la Moncloa. No sería lo peor.
