Como suele ocurrir en las grandes calamidades, el pueblo busca ahora a un culpable de la descomunal catástrofe humana y económica que aflige al mundo y, en especial, a España. Hay división de opiniones. Unos culpan al Gobierno actual, por su ineficiencia; y otros, al anterior, por sus recortes de gasto en materia de sanidad. Nadie ha acusado todavía a los romanos, constructores de las magníficas calzadas que han facilitado el tránsito del coronavirus por la Península; pero todo llegará.
Fácil es observar que el Ejecutivo ha quedado un tanto desprotegido y hasta huerfanito frente a los ataques que le dirigen quienes piensan, exageradamente, que el que gobierna es el gobierno. Existe ya un Defensor del Pueblo -al que nadie hace gran caso, cierto es-; pero la situación actual de emergencia exige crear cuanto antes la figura del Defensor del Gobierno.
En tiempos de tribulación, como los actuales, se echa en falta una institución como esa, que vele por los derechos de los gobernantes. Fue una grave carencia de los redactores de la Constitución, que, al no preverlo, dejaron en el desvalimiento a los que mandan frente a las críticas de la chusma.
Al pobre presidente Pedro Sánchez le cae de todo. Y eso que el jefe del Gobierno ha renunciado, modestamente, a atribuirse el mérito que pudiera tener la actual posición de España como subcampeona del mundo en la fúnebre clasificación general del coronavirus. Y campeona, modestia aparte, en número de muertos por millón de habitantes.
No es mérito ni culpa del Gobierno, desde luego. La aritmética, tan caprichosa sobre todo en tiempos de epidemia, ha situado a España en una posición de liderazgo junto a Italia y a los Estados Unidos. Algo o mucho habrán hecho mal los que están al mando; pero parece un tanto excesivo atribuirles la elevada mortandad que se registra por aquí. Boris Johnson lo hizo incluso peor y, además, con alevosía, en el Reino Unido; pero aun así sus crecientes cifras de mortandad no compiten con las de España (por el momento, que esto solo está empezando).
A diferencia de Italia, tierra garibaldina donde la gente tiende a culpar al Gobierno hasta de la lluvia, en la mucho más dócil España no faltan nunca los defensores del que manda. Da igual, a estos efectos, que se trate de Franco, de Felipe, de Aznar, de Rajoy o de Zapatero. Todos ellos contaron en su momento con su club de fans, más o menos numeroso, dispuesto a excusarles cualquier metedura de pata que hubieran podido cometer. Y si se equivocaron es porque podían, ¿qué pasa?
Parece lógico que suceda otro tanto ahora con la actuación del Gobierno de Sánchez, que en términos de concentración parcelaria podría definirse como manifiestamente mejorable. No lo creen así los aspirantes al futuro cargo de Defensor del Gobierno, que solo ven eficacia, orden, coordinación, previsión y hasta una acertada política de compras en la actuación del Consejo de Ministros contra la epidemia.
Cualquiera de ellos, y son legión los que estos días pululan por las redes sociales, podría aspirar con justicia y mérito a asumir esa alta función de valimiento del Gobierno al que ahora acosa -dato inaudito- la mismísima oposición. Otra posibilidad alternativa al Defensor del Gobierno sería prorrogar indefinidamente la suspensión de libertades del Estado de Alarma, pero tampoco quisiera uno darle ideas a Iván Redondo.
