Cuando se declara el Estado de Alarma, del 14 de marzo pasado, la prioridad era la salud; esto es: la superación de la pandemia del coronavirus Covid-19, al coste económico que esté disponible y sea necesario. Ahora, en cambio, se admite un "trade off" o alternativa de difícil elección de opciones igualmente preferentes. Así, la misma señora ministra de Asuntos Económicos ya habla de la cara y la cruz de una misma moneda. Han sido necesarias dos prórrogas del estado de alarma para darnos cuenta que estamos ante una situación de salud pública que no se supera en cuestión de días y ya veremos si en meses, de tal forma que los recursos económicos de choque que se han arbitrado no son sostenibles en el tiempo, de forma indefinida, tanto por limitados como porque todavía la Unión Europea (UE) no se decide por mutualizar la deuda y los demás recursos necesarios para dar una respuesta conjunta en toda la UE a la pandemia del Covid-19.
Nos encontramos, pues, ante una programación matemática en la que la función objetivo a maximizar es, pues, el combate eficiente contra la pandemia y la restricción los recursos económicos disponibles a corto plazo, a medio y a largo. La lucha contra la pandemia requiere de una detección eficaz de las personas infectadas, de las confinables asintomáticas o con síntomas leves, y aquellas otras que requieren de respiradores y de cuidados intensivos. Los test fiables de detección rápida y las mascarillas, los respiradores suficientes y las camas de cuidados intensivos requieren de una financiación que, por otra parte, no es sostenible en el tiempo porque, además, las caídas en vertical del PIB (Producto Interior Bruto) no asegura los recursos suficientes en el medio y largo plazo para, respectivamente, transitar en la pandemia en curso a su superación y, además, iniciar un Programa de Reactivación o, mejor, de Recuperación Económica. Dicho de otra manera, cuantos más recursos privados y públicos se consuman en la primera fase, la de lucha contra la pandemia, y, entre ellos, la merma de rentas privadas y de recaudación de impuestos, menores serán las disponibilidades necesarias para la fase de transición con la pandemia y la de reactivación. Nunca, como en este caso, ha sido tan preferible económicamente prevenir que solo curar.
Por ahora, tenemos algunos indicadores provisionales sobre las repercusiones económicas de la pandemia del Covid-19. Los asesores financieros del Consejo General de Economistas hablan de un 4 por 100 mensual de caída del PIB. El Foro Económico de Galicia habla de un descenso de 7,4 por 100 en el PIB de Galicia; en el Colegio de Economistas de Pontevedra, coincidimos con nuestro Consejo General de un 6 por 100 en los 45 días siguientes al Estado de Alarma para toda España y, en el caso de la España insular, la pérdida de PIB puede alcanzar el 20 por 100, por el peso del sector turístico, la hotelería y la restauración de más de 1/3 en el respectivo PIB balear o canario. En economías con importante peso de los sectores primarios de producciones esenciales como la agraria, ganadera o la pesca, la caída del PIB de 2019 se estima en un punto porcentual por semana, caso de países como Argentina en Iberoamérica.
De todos modos, la contracción del PIB por las medidas de confinamiento y de cierres de fábricas y establecimientos comerciales no esenciales no es lineal. Tales porcentajes de recesión, que dependen de la estructura de cada economía que se analice, irán aumentando de forma progresiva al deterioro de la actividad económica en curso; es decir serán mayores por cada quincena adicional en la que se prorrogue el estado de alarma. Por todas estas razones es por lo que ya se empiezan a tomar medidas, todavía tímidas, de flexibilización del confinamiento actual al permitir el reinicio de actividades que en un principio se consideraban no esenciales. Ahora bien, para que esto empiece a ser así, es necesario disponer, desde ya, de los medios para combatir la pandemia: testes masivos de detención del Covid-19, mascarillas y protectores para todo el mundo, tantos respiradores como sean necesarios, camas de cuidados intensivos ? y, a la vez reactivar la economía desde ya, con recursos adicionales públicos y privados mediante un Programa Económico de dos fases: la de transición y coexistencia con la pandemia hasta su extinción y la recuperación económica postcrisis del Covid-19.
En atención a las diferencias sectoriales existentes en las diversas Comunidades Autónomas, el papel de las Administraciones Autonómicas es clave en tal transición y reactivación. La visión de Estado, europea y transcontinental, así como la cultura del pacto son exigencias que demanda de todos la situación presente de crisis de economía de la salud, más que de economía de guerra de enemigo invisible como alguien la ha calificado. En este sentido, es muy loable la iniciativa del Consello de la Xunta de Galicia, del pasado 3 de abril, de contar con un Comité de Expertos en Economía de la Salud en el que, a primera vista, no se observan representantes sindicales, para primero transitar con la pandemia y para establecer después el mejor escenario de salida de la crisis que, como hemos visto, es sanitaria y económica a la vez, así como el de la necesaria recuperación económica postcrisis.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, el Colegio de Letrados de la Administración de Justicia y el Consejo General de Procuradores de España ya han sometido al Ministerio de Justicia sus Propuestas de Plan de Choque para suavizar el previsible colapso en el funcionamiento normal de la Administración de Justicia para después del Estado de Alarma. Tales propuestas tienen también un evidente impacto en el gasto público y en la economía general, en la medida en que la eficiencia de la Justicia reduce los costes económicos, los costes de transacción: aquellos que aumentan para las empresas y justiciables en un contexto de menor seguridad jurídica.
*Economista y abogado
