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Hacienda y lo inevitable

En la vida solo hay dos cosas inexorables y una de ellas es Hacienda. Seguro que ya lo habían oído antes y saben de sobra cuál es la otra fatalidad ineludible, por lo que mejor no mentarla.

Igual que en el anuncio del turrón, como todos los años y como si nada estuviera pasando en la calle, en estos días la AEAT ha colgado en su web el banner de la Campaña de la Renta de 2019, para estimular a los contribuyentes a que vayan consultando sus datos fiscales de cara a presentar su declaración anual de IRPF.

La novedad la encontramos en la campaña "Le Llamamos", anunciada también en la misma web, que ofrece la posibilidad de presentar la declaración por teléfono a partir de mayo. No obstante, la campaña de Renta, respecto al calendario inicialmente previsto de 1 de abril a 30 de junio, sigue inexorable su curso sin que nada la altere o la perturbe.

Ni el estado de alarma, ni la crisis sanitaria, ni el colapso económico que padecemos han modificado la hoja de ruta del fisco respecto de las declaraciones que hay que presentar y atender -es decir, pagar- en 2020.

Nos dicen que en el decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 se prevé la suspensión de los plazos en los procedimientos tributarios. La realidad es que solo lo hace para aquellos procedimientos iniciados antes del 18 de marzo; por tanto, no afecta al calendario de declaraciones 2020, que permanece inmutable.

El Gobierno, en lugar de relajar las exigencias tributarias, ha optado por dar facilidades a las empresas y autónomos mediante la apertura de una línea de avales. Los afectados por los efectos económicos del Covid-19 los pueden solicitar, siempre que no estuvieran en situación de morosidad o en un procedimiento concursal.

En definitiva, se dan facilidades a las empresas para que financien sus pérdidas y sus impuestos, pero no se aligera su carga tributaria y mucho menos se excusan de ningún modo sus obligaciones. Hasta el 30 de septiembre de 2020 los interesados podrán recurrir a la garantía que el Estado les ofrece para pedir préstamos a los bancos con los que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

De este modo, en los primeros veinte días de abril nuestras empresas y autónomos habrán de presentar el IVA, las retenciones, el pago a cuenta del IRPF 2020 y el pago fraccionado 2020 correspondiente al Impuesto sobre Sociedades. Estos anticipos a cuenta de IRPF e IS se van a calcular muchas veces sobre el resultado contable que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias del primer trimestre del año, que desgraciadamente no tendrá nada que ver con lo que refleje el resultado final del ejercicio después de los desastrosos efectos económicos de la pandemia. Anticiparán dinero para que luego se lo devuelvan a finales del 2021, en el mejor de los casos, sin intereses en la mayoría de los supuestos, por cierto.

Es cierto que la nueva normativa permite a quienes lo soliciten el aplazamiento automático durante seis meses del pago de las facturas fiscales que surjan de todas estas declaraciones, sin que se devenguen intereses durante los tres primeros meses del aplazamiento. No obstante, dicha medida de gracia tiene un alcance práctico muy limitado, ya que no beneficia a empresas que facturen más de seis millones de euros brutos, sea cual fuere su situación y su resultado después de descontados los gastos, las provisiones y los deteriores. Incluso aquellas pymes y autónomos que por su dimensión sí puedan beneficiarse, tendrán que aportar garantías para el aplazamiento (aval, hipoteca, etc.) si la deuda en su conjunto supera 30.000 euros, lo cual se vuelve poco menos que imposible en momentos de crisis como los actuales.

En fin, si las empresas nunca lo tuvieron fácil para generar riqueza, ahora lo tienen menos que nunca. Si, como dicen, se trata de sobrevivir, de no parar del todo para volver a la actividad a pleno rendimiento cuanto antes, cuando la situación sanitaria mejore, el fisco debería ir pensando en dejar respirar un poco a quienes pueden mantener los puestos de trabajo de todos.

*Abogado tributarista en On Tax Legal

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