La salud es una premisa fundamental del bienestar. Afortunadamente, España y los países de su entorno cuentan con sistemas de salud pública sólidos y capacitados para afrontar una situación como la actual. Los profesionales y gestores de la Sanidad pública lo están demostrando estos días y debemos estarles agradecidos. Es importante no bajar la guardia y cumplir las exigencias y recomendaciones de las autoridades públicas y los expertos. No tengo ninguna duda de que saldremos adelante.

Lamentablemente, se trata de una enfermedad que afecta de una forma especial a nuestros mayores. Nuestros padres, nuestros abuelos. Gran parte de las medidas que se han adoptado, drásticas y sin precedentes, tratan de paliar los efectos en estos grupos de riesgo, de los que forman parte algunas de las personas a las que más queremos.

Si bien las acciones prioritarias se centran ahora en nuestra salud y la de nuestros seres queridos, conviene recordar que la economía y las políticas sociales son los otros pilares del bienestar. La propia salud pública depende de que contemos con una sociedad económicamente saludable.

El Gobierno ya ha adoptado medidas en este sentido, pero considero que se está produciendo un grave problema de enfoque. Esta no es una crisis económica como las anteriores, que se producían para corregir desajustes (burbujas) provocadas por la propia economía. En esta ocasión, la causa de la crisis será un cese de la producción, de la prestación de servicios y del consumo, provocados por un factor externo: una epidemia que nos obliga a quedarnos en casa.

Los efectos no van a ser los mismos que en las crisis económicas anteriores. Y tampoco pueden ser convencionales los enfoques para hacerle frente. Y creo que es aquí donde, por ahora, el Gobierno y parte de los técnicos, están cometiendo un error de previsión. No se han dado cuenta de que, así como los mayores son el grupo de riesgo principal desde el punto de vista de la salud, los autónomos son el principal grupo de riesgo desde el punto de vista de la economía.

En la mayoría de los casos, la actividad del autónomo depende del día a día. Y si el día a día se frena, todo se detiene. Pero tienen que seguir pagando a sus trabajadores (si los tienen), los alquileres, el teléfono, la luz. Ingrese o no ingrese, el autónomo tiene que pagar su cuota de la Seguridad Social.

Bastaría salir a la calle (aunque ahora no debamos hacerlo) para comprobar hasta qué punto estamos ante una crisis que va a castigar especialmente a los autónomos. Tras cada cortina bajada, tras cada ventana sin luz de los edificios del centro hay un autónomo para el que cada día que pasa es más difícil de recuperar.

Los expedientes de regulación de empleo y las prestaciones sociales (como el desempleo), o incluso las bajas médicas, están ideadas para un modelo económico que no refleja la situación actual. La de los autónomos es la economía de la cotidianidad, y es la economía de la cotidianidad la que más va a sufrir esta crisis. Porque lo que se ha frenado es eso: el día a día. El propio presidente del Gobierno lo reconoció al decir que este año tendrá 10 o incluso 9 meses. Hemos detenido el tiempo.

Por eso es necesario modificar el enfoque actual de las medidas y tener más en consideración a este grupo de riesgo. Con actuaciones como las que unánimemente han reclamado las organizaciones de autónomos más representativas: como las prestaciones por cese de actividad o las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Pero también otras, como el establecimiento de medidas de acceso a una liquidez imprescindible para poder empezar a andar de nuevo cuando el reloj vuelva a ponerse en marcha. O ayudas para hacer frente a compromisos financieros, como hipotecas o créditos.

Es importante corregir inmediatamente estos errores y entender que esta no es una crisis al uso que se pueda afrontar con medidas al uso.

*Senador del PP