No hay que ser un experto en Derecho Administrativo para comprobar que con la organización territorial de Galicia nos enfrentamos a una realidad irracional, ineficaz y costosa, necesitada de un urgente cambio.
Fue a principios del siglo XIX cuando se impuso en España la llamada "municipalización constitucional", y cuando comienza a consolidarse la idea que está en el origen de ese gran número de municipios españoles en la actualidad (8.108). La uniformidad y la equivalencia entre pueblo (hábitat o lugar de vida colectiva) y municipio. Ahora bien, si hay un territorio de España en donde tendría que estar más claramente reflejada esa equivalencia es, precisamente, en Galicia, por la extremada dispersión poblacional en numerosos núcleos de población, pues contamos con más de la mitad de los que hay en España.
No alcanzo a comprender cómo se puede criticar a los nacionalistas y, al mismo tiempo, considerar intocable la autonomía de la última aldea del país. La consecuencia de esta fragmentación territorial, que la ley de 1995 no ha solucionado, es que los ciudadanos están deficientemente atendidos por entidades locales atomizadas y con arcas públicas paupérrimas, que frustran la gestión racional de los recursos y el bienestar de sus habitantes. Cuando se plantea la necesidad de agrupar municipios en nuevas grandes áreas metropolitanas para mejorar sus prestaciones, no entiendo a los que declaran públicamente que plantear la supresión de municipios "es ofender a los ciudadanos y crear problemas". Admito que la tarea es problemática, pero de ninguna manera puede constituir una ofensa para los ciudadanos afectados. Otros despachan la cuestión acudiendo a metáforas inmovilistas demasiado manidas: sería abrir un melón de consecuencias imprevisibles. La política consiste en afrontar los problemas en lugar de eludirlos y dilatarlos.
Los pequeños municipios de Galicia manejan competencias, como la planificación urbanística, y prestan servicios públicos que deben replantearse desde una perspectiva supramunicipal. Por encima de la autonomía municipal está la ordenación del territorio. La Ley de Bases de Régimen Local confiere al Estado la potestad de "establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales". Así, por ejemplo, la autonomía municipal aplicada en materia urbanística ha sido nefasta y destructiva, y ha atentado contra el desarrollo sostenible, olvidando que lo prioritario es la ordenación racional
Si se han creado mancomunidades en Galicia para gestionar las basuras y residuos, ¿por qué no unificar y concentrar la dispersión municipal de forma más eficiente y cooperativa?
