A estas alturas, y visto lo visto, no ha de extrañar que aparezcan por aquí quienes aburridos por la falta de soluciones, estudien la posibilidad de echar mano de algún curandero que se aplique en el alivio de los males que padece este antiguo Reino. Sobre todo, en lo que a la política se refiere, y más en concreto a la economía, porque de un tiempo a esta parte ahí se las dan todas. Y no ya rivales declarados, sino amigos y vecinos como Portugal, lo que permite suponer que, si siguen siendo lo primero, porque lo segundo es obvio, no es por mala intención sino porque espabilan, lo que aquí no hacen sus colegas.
Conste que esta vez la referencia no se origina en unas instalaciones comerciales o industriales que optan por ubicarse allí, ni tampoco a causa de su ventaja en la carrera por captar pasajeros en el aeropuerto de Oporto, ni siquiera por el riesgo que supone para los pescadores gallegos -lo reconocen sus colegas de allí- por el parque eólico ubicado a 75 millas de Vigo. Ahora aparecen otros puntos de inquietud: en lo financiero, la noticia confirmada de que inversores ubicados en España estudian su traslado a Portugal a causa de los abusos de aumento de impuestos por parte del Gobierno de Madrid.
Es cierto que no se saben con exactitud ni el cuanto ni el cuando, pero eso, lejos de suponer un alivio, implica mayor incertidumbre. Y también cierta inseguridad jurídica, cuya prolongación no solo crece sino que incrementa la confusión. Y ya se sabe que el dinero huye de los peligros, y más aún si son difusos o indeterminados, porque el heroísmo es impropio de ese mundo. Lo pintoresco es que el Gobierno portugués atraiga a los indecisos que espanta su pariente ideológico de Madrid: quizá sea porque en el reparto de capacidades, allí tocaron los más listos.
Ítem más. El catálogo de riesgos tiene siempre margen para la ampliación y quizá por eso ha de incluirse la noticia de FARO según la cual el Gobierno lisboeta ha autorizado explotaciones mineras de litio a pocos kilómetros de la vieja frontera en la provincia de Ourense. Y sin encender señales de alarma, seguramente no estorbar el dato de que las empresas que trabajan allí admiten la posibilidad de afección medioambiental y también al entorno. Un detalle, ese, que quizá se pueda resistir por la excelente relación que existe entre los países y sus gobiernos, pero que debiera tenerse muy en cuenta.
Añaden que se trata de efectos subsanables, pero como no se ha especificado del todo qué tipo de daños colaterales o directos pueden producir, ni el modo en que si aparecen han de abordarse, cualquiera puede comprender que esa deficiencia informativa cause al menos preocupación. Del mismo modo que también la provoca el aparente desconocimiento del gobierno de España y de la Xunta de Galicia, ya que ninguno de los dos ha dicho algo, siquiera para tranquilizar al personal, como tampoco lo dijo sobre el parque eólico. Ni, salvo la elaboración de un plan de competencia del que poco más se supo, acerca de la deslocalización de empresas y/o inversiones de aquí para allá. Y eso no es prudencia: es absurdo.
¿No?
