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Javier Sánchez de Dios.

Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

La reflexión

A partir del respeto al derecho que cualquier ciudadana/o, incluida una jueza sancionada por el CGPJ, tiene a defender su inocencia, es probable que no estorbe alguna reflexión sobre el caso de doña Pilar de Lara. Su señoría habló acerca de presiones, e incluso amenazas de muerte contra su hija, por las que se vio "obligada" -la jueza- "a llevar escolta". Algo, junto con ataques a su pareja, inadmisible que debería ser acompañado de información acerca de qué ocurrió con ese episodio, que no por haber ocurrido antes es menos grave, si se identificó al autor y qué sucedió con él.

Entre otras especificaciones. Y no porque se dude de lo dicho -en parte recogido por FARO-, sino más bien en interés de la Justicia. La magistrada ha instruido algunas de las causas más sonadas de los últimos tiempos en Galicia, el número de investigados por ella ha sido elevado y no pocas de las personas implicadas eran muy conocidas, incluyendo bastantes con cargos públicos relevantes. La referencia inconcreta a "uno de ellos" arroja dudas que convendría aclarar, porque afectan al conjunto de los que han aparecido en noticias y filtraciones.

En todo caso, lo que asegura la señora De Lara acerca de las condiciones en las que ha trabajado deberían analizarse a fondo por quien corresponda. Primero, porque no es la primera vez que se describen serias carencias materiales y personales en la Administración de Justicia. Segundo, porque afectan directamente a los justiciables que, en su gran mayoría, son gente del común, y se resuelven con pasos cortos y plazos largos, aparte de que podrían haber influido en la actuación por la que la jueza ha sido sancionada "a medida" para que perdiera su plaza.

Y, ya puestos, habría que aclarar -también en interés de la Justicia- por qué a doña Pilar, "por dilación indebida", se le aplica sanción y a otra magistrada por el caso de los ERE, el CGPJ nada le reprochó a pesar de que hubo maniobras poco habituales y se prolongó tanto que aún no remataron sus muchas piezas separadas. Quizá es que esa dilación era "debida", pero en todo caso habría que explicar muy bien el asunto. Puede que eso ayudase a eliminar la creciente sensación de que la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, y las juezas, es tan solo teoría. E inaplicada.

Cuanto queda expuesto, que es opinión personal, ha de completarse con una referencia específica a los muchos imputados -después pasaron a "investigados", acaso por su número y efectos- cuya instrucción fue sobreseída o sus recursos resueltos favorablemente. Han sido, y no debiera emplearse otra expresión, víctimas de una situación penosa y, quizá, un exceso de celo que han causado enormes perjuicios morales, sociales, familiares y seguramente profesionales. Todo ello debería formar parte de la política, su solución de los programas electorales y, en todo caso, objeto de reflexión seria y serena. Pero eso, por lo visto, escasea.

¿No??

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