01 de marzo de 2020
01.03.2020
EDITORIAL

La educación del siglo XXI

01.03.2020 | 03:45
La educación del siglo XXI

El futuro de una sociedad próspera, en el sentido más amplio del término, se construye desde el presente y éste se debería sostenerse sobre cimientos sólidos. Y entre los pilares más robustos y seguros con que contamos, la educación estaría -o debería estar- en primer lugar. Porque la lección que nos han enseñado los últimos cuarenta años, los comprendidos desde el estreno democrático, es que la educación ha sido la hermana pobre de la política, siempre sometida a otras contingencias, urgencias y modas de la llamada vida pública. Y esta cruda realidad explica en gran medida por qué hemos llegado hasta aquí y cómo estamos hoy.

La decisión del nuevo Gobierno de coalición de colocar a tres arquitectos en la construcción del modelo educativo con la fragmentación en tres ministerios -Educación, Universidad y Ciencia- no contribuye a mejorar una situación ya de por sí compleja, en la que además participan 17 comunidades autónomas dirigidas por partidos con visiones, concepciones y prioridades muy distintas, cuando no en pocos casos contradictorias. Y, para enredar aún más el panorama, una sucesión de políticas educativas que giran y giran al son de los cambios electorales.

En este contexto, pedir una uniformidad de criterios o una estrategia común y sostenida en el tiempo es poco menos que un brindis al sol. Difícilmente avanzaremos con tino si los capitanes del barco están cambiando constantemente el rumbo en función de sus intereses partidistas -de uno y otro color-, que con frecuencia no sobrepasan el valor de las simples ocurrencias.

Sin embargo, parece que la situación está cambiando, aunque quizá a un ritmo más lento de lo deseable. Así en los últimos años se percibe una serie de movimientos horizontales, de base -impulsados básicamente por padres, profesores, educadores, pedagogos, orientadores...-, que desean poner el foco en la educación, pero no como arma política arrojadiza, sino como la herramienta esencial para cimentar una sociedad más formada, rica, diversa, justa, abierta y tolerante. Con menos desigualdades.

Movido por ese espíritu FARO intenta contribuir a la tarea con dos iniciativas que, gracias al aliento de directores de centros y de profesores, son tan gratificantes como exitosas: FARO DA ESCOLA -al que se le da proyección con un suplemento quincenal- y el FORO DE EDUCACIÓN, ambas bajo el paraguas de la marca FARO EDUCA. En ambos proyectos, que concitan cada año la participación de miles de escolares y de cientos de docentes, padres y educadores, el periódico intenta, modestamente, dar respuesta a las principales inquietudes de una comunidad sinceramente involucrada en la consecución de una educación más participativa, creativa e inteligente. Y, aunque no es su prioridad, también más útil en un mundo extraordinariamente cambiante, que nos ofrece cada día desafíos nuevos que precisan de respuestas diferentes. Se trata, en definitiva, de ayudar a construir, entre todos, las escuelas y los profesores del siglo XXI.

Y en este empeño los profesores se erigen en la clave de bóveda que sostiene todo el modelo. Por ello resulta especialmente sensible cualquier cambio o retoque que se imprima en una figura no suficientemente valorada por una sociedad en manos de gobernantes distraídos en coyunturas que pueden parecer más urgentes, pero que con la vista puesta en el largo plazo son sin duda menos importantes.

En este sentido, la ministra del ramo, Isabel Celáa, acaba de anunciar una reforma legal -otra más- que plantea una profunda revisión del profesorado y que apunta en varias direcciones: la primera, recuperar la idea de un MIR docente, una suerte de prácticas durante un año tuteladas por un monitor y que serán imprescindibles antes de ejercer. Hasta ahora los graduados en educación apenas tienen entre tres y cinco semanas de experiencia. En palabras de la ministra, sería un "programa de inducción a la profesión".

Además, propone elevar las notas de acceso a las facultades de Educación. Hasta ahora con un algo más de un cinco es posible matricularse en España, con lo que el nivel del alumnado resulta manifiestamente mejorable. Al tiempo que se retocarían los contenidos de estas carreras para adaptarlas a la nueva realidad. Y se endurecería la titulación: hoy el 90% de los matriculados consiguen el grado.

Otros mecanismos que comunidades como Cataluña, y próximamente Baleares, han implementado son la exigencia de una segunda selectividad, es decir, el alumno antes de ingresar en la facultad debe someterse a otro examen que actúa como criba en la que se valoran no solo los conocimientos, sino también las aptitudes personales. Esta vía es uno de los instrumentos estrellas de, por ejemplo, Finlandia, un país citado siempre como referente en el modelo educativo.

Celaá también esbozó otras dos vías para mejorar el rol docente. Por un lado, la posibilidad de evaluar a los profesores -aunque no dejó claro si sería una opción obligatoria o voluntaria- para conocer su desempeño en la profesión y cuyos resultados podrían traducirse en una mejora retributiva en función de habilidades y méritos. Por otro, reformar las oposiciones a profesorado, para restar la preponderancia de la aprehensión de contenidos en favor de otros valores.

El plan de la ministra se puede considerar más bien como una declaración de buenas intenciones, porque lo cierto es que el Estado apenas tiene competencias sobre la materia y, por tanto, debería conseguir la sintonía de las comunidades autónomas para su puesta en marcha. Aunque el Gobierno inste a las diferentes administraciones territoriales, a los sindicatos y al resto de agentes a la necesidad de suscribir un "pacto educativo", la realidad es que hasta ahora ese acuerdo ha resultado sencillamente imposible. La reciente polémica del pin parental no es sino el último ejemplo de que en España en el ámbito de la educación hay barra libre.

Al mismo tiempo, la citada reforma adolece de concreción. Por ejemplo: ¿Las prácticas del MIR serán remuneradas o deberá pagárselas el estudiante? ¿Quiénes serán los tutores? ¿La evaluación del profesorado será obligatoria en todo el ámbito nacional? ¿Los contenidos de las oposiciones serán iguales en todos los territorios? ¿Y los criterios de valoración? ¿Su aplicación será universal, es decir, obligatoria en la enseñanza pública y la privada? ¿Se dotará de los recursos económicos indispensables para una eficaz aplicación?

Consciente de que su iniciativa no deja de ser un papel tan cargado de propósitos loables como de profundas lagunas e interrogantes, la propia ministra ya se ha adelantado a las críticas e incertidumbres para apelar a la "paciencia". Pero si algo ha caracterizado hasta ahora a los cuerpos docentes de este país, además de su constante reivindicación de mejoras, ha sido precisamente eso, la paciencia.

En todo caso, una educación de calidad no se puede sostener únicamente sobre la figura del docente, por muy importante que ésta sea. Claro que hay que exigirle más y mejor formación, pero al mismo tiempo hay que dotarles de todos los recursos e instrumentos posibles para lograr el fin. Y no exclusivamente económicos. El profesor debe gozar de autoridad, prestigio y respeto sociales. Es imprescindible fomentar su autoestima. Dentro y fuera de las aulas. Y a los alumnos hay que exigirles esfuerzo, sacrificio -una palabra que extrañamente hoy suele desprender acepciones negativas- y corresponsabilidad. Y también a los padres. Las obligaciones deben ser compartidas.

Porque nuestra sociedad se juega mucho en ello. Creer que en un mundo hípertecnologizado los escolares van a encontrar todas las respuestas a los problemas en tabletas, móviles y ordenadores es un inmenso error. Hoy la figura del profesor, el maestro de toda la vida, es más imprescindible que nunca. Para que los estudiantes tengan un desarrollo integral. Para que aprendan a razonar, debatir, buscar, dudar, superar frustraciones y adaptarse a los constantes cambios que inevitablemente tendrán que afrontar a lo largo de su vida.

Una democracia fuerte y con un futuro despejado -hoy tan amenazada por populismos y otros movimientos extremistas- solo tendrá garantizada su supervivencia si consigue formar esa clase de ciudadanos, individuos cuya forja corresponde en gran medida a las escuelas de nuestro país. El Gobierno, y sobre todo, la Xunta en este empeño tienen casi todo que decir.

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