Hoy por hoy, y con un panorama tan incierto como el de la llegada de un AVE auténtico a Galicia, la cuestión aeroportuaria conserva aquí toda su importancia. Entre otras razones por la obvia de que el avión es el más rápido de los transportes disponibles para comunicarse con el resto de Europa y su relevo por el ferrocarril no tiene fecha. Y hay algo peor aún: en lo de los aeropuertos y su pugna por lograr pasajeros, la Xunta ha cedido su inicial propósito de control: FARO acaba de publicar la noticia de que ha corregido en ese aspecto la anunciada Ley de Acción Exterior que está sólo en fase de anteproyecto. Y que ya se verá si tiene vida o no en la próxima legislatura.
En este punto conviene insistir en un punto de vista expuesto hace ya algún tiempo. Los vuelos low cost, cuya consecución provoca tensiones entre ciudades gallegas, son una fuente de ingresos lícita para el negocio de las compañías que prestan ese servicio, pero no todas cumplen con los derechos de sus trabajadores. Y eso debería ser tenido en cuenta a la hora de establecer convenios pagados con dinero público. Que no por ser municipal le es menos aplicable ese concepto.
Es evidente, también, que las líneas que establecen esas compañías suponen un beneficio para muchos usuarios y para la dinamización de economías locales y regionales. Pero a la vez implican una dependencia notable de los criterios que sobre balances financieros establecen los propietarios de las empresas. Ha habido casos recientes en los que, con las cifras en la mano, las consecuencias de suspensiones y/o cancelaciones de los servicios han causado molestias o daños permanentes a los intereses colectivos de los contribuyentes. Y con pocas explicaciones.
En este punto conviene dejar claro que no se trata en absoluto de proclamar a los low cost como enemigos públicos. Sí, en cambio, de reclamar un control que no tiene por qué reducir la autonomía municipal sino coordinar algunas de sus actuaciones en aras del bien común. Una coordinación que, dicho sea de paso, viene siendo reclamada desde hace mucho -y, por cierto, sin éxito y con demasiadas contradicciones- no solo para ese tipo de servicios aéreos sino en general para el mejor rendimiento de los tres aeropuertos con que cuenta este antiguo Reino.
Por todo lo expuesto, la Xunta habría de explicar mejor el motivo por el cual elimina, en ese apartado, el control que en principio pretendía establecer sobre ese tipo de servicios en el marco de su proyecto de Ley de Acción Exterior. Que llama la atención, además de lo que ya se ha dicho sobre él, por el hecho de que poco después de su aprobación en Consello, se retoca. Habrá quien se extrañe por la coincidencia con el adelanto electoral y el inicio de la campaña y especule acerca de las ganas de eludir polémicas incómodas. Y es que el refrán ya tiene advertido lo de "piensa mal y acertarás": no debería olvidarse. Y menos a tan poca distancia de las urnas.
¿Eh??
