Las administraciones públicas mueven miles de millones de euros. Euros que previamente son recaudados de nuestros bolsillos. No caen del cielo. Por eso, no es admisible que en su gestión no pongamos el máximo esmero. Por supuesto, para evitar que el dinero público sea sujeto de corrupción y fraude. Pero, también para utilizarlo bien, para no gastarlo en cosas socialmente poco útiles, para no financiar políticas públicas mal definidas, para evitar el despilfarro.

Es verdad que el gasto público en España no es elevado para los estándares de la Unión Europea y que en algunas áreas (política de familia, I+D, rentas sociales) gastamos comparativamente poco. Pero antes de lanzarse a aumentar el déficit o incrementar los impuestos, es perentorio que hagamos un ejercicio de evaluación sobre lo que estamos haciendo. ¿Es posible ahorrar en programas sin sentido? ¿Podemos sacarle más a cada euro que invertimos?

Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, es el momento de que los partidos públicos que creen de verdad en lo público incorporen la necesidad de evaluación en sus programas. Necesitamos una agencia gallega de evaluación de políticas públicas que funcione desde la independencia, con nombramiento de su director por mayoría reforzada en el Parlamento. Y me atrevo a sugerir dos áreas por las que empezar.

La primera, obvia, las inversiones en infraestructuras de todo tipo. Para priorizar actuaciones y descartar ocurrencias que a alguien, en algún momento, le pueden haber parecido buenas ideas; para evitar obras que luego son abandonadas o claramente infrautilizadas.

La segunda, la sanidad. Tenemos una excelente sanidad pública, aunque no exenta de problemas y margen de mejora. Pero los recursos son escasos y sanidad es la principal partida de gasto para la Xunta. Además, las posibilidades farmacológicas y tecnológicas avanzan a un ritmo endiablado. Posibilidades siempre más caras y que, por tanto, deben ser objeto de análisis técnico independiente para comparar costes y beneficios. NO hacerlo acaba suponiendo dejarse llevar por los intereses económicos de quienes venden esas nuevas posibilidades, por la demagogia o por olas de pánico. Imaginemos que mañana alguien inventa una vacuna contra el virus COVID-19 y que la dosis cuesta 100 euros por gallego. ¿Gastaría usted 280 millones de la Xunta en la vacuna o en darle una vuelta a fondo a la atención primaria?

*Director de GEN (Universidad de Vigo)