16 de febrero de 2020
16.02.2020
Faro de Vigo
EDITORIAL

El bochorno de Transportes en el juicio contra Audasa

16.02.2020 | 02:58
La AP-9 a su paso por Santiago. // X. Álvarez

Entre las primeras obligaciones de un Gobierno, sino la primera, está defender los intereses de los ciudadanos por encima de cualesquiera otros intereses particulares. Cuando una obviedad de esta magnitud debe ser recordada es que alguien, en este caso el Ejecutivo en representación del Estado, ha perdido el norte de cuáles son sus más altas responsabilidades para, sencillamente, sumarse a la defensa de una causa privada frente a un daño colectivo. El Gobierno, por medio de la Abogacía del Estado de su rebautizado ministerio de Transportes -antiguo Fomento-, así ha decidido actuar en el reciente juicio contra Audasa por el cobro de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande que atraparon a decenas de miles de vehículos en retenciones kilométricas. No un día, sino cientos. Durante ese periodo, la concesionaria de la AP-9 ingresó en caja 90 millones pese a no ofrecer el servicio en condiciones por el que cobraba a los conductores.

Con independencia de lo que finalmente sentencie el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, en donde se dirime la causa, hay un hecho que nadie, pese a los pueriles esfuerzos de Transportes con su comunicado redactado con el fin de enredar más que aclarar, puede negar: el Gobierno ha salido en auxilio de Audasa y, por tanto, en contra de los intereses de los conductores. Su penoso intento para justificarlo no se sostiene en pie, por mucho que haya querido retorcer el argumentario hasta extremos ridículos. En el fondo, como confesó el propio abogado del Estado en el juicio, solo tratan de evitar que una condena millonaria -el fiscal reclama 90 millones de indemnizaciones- recaiga finalmente sobre el mismo por un "efecto bumerán".

La Fiscalía, también del Estado, que persigue por contra que Audasa resarza a los usuarios de la autopista, ha denunciado con inusitada claridad la acción del Gobierno. Hasta el punto de haber pedido, sin éxito, que la Abogacía fuese apartada de la causa. Estupor es la palabra que mejor define el sentimiento de los fiscales. Los conductores damnificados por los frecuentes colapsos entienden que la posición del Estado es bochornosa. Y el juez, que finalmente ha permitido el concurso de la Abogacía del Estado, ha expresado de forma diáfana lo que todos, excepto el Gobierno, claro, entendemos: Abogacía y Audasa están alineados en la causa y defienden exactamente los mismos intereses. Las palabras del magistrado ponen en su sitio al Ejecutivo. Lástima que el propio juez haya decidido excluir como testigos a los conductores que sufrieron (y pagaron) el escarnio de los colapsos porque, a su entender, tenían un interés directo en el caso, de manera que su testimonio estaría contaminado de subjetividad. ¿Pero es que acaso Audasa no tiene un interés directo? La Fiscalía ya ha adelantado que en caso de perder recurrirá, y que entre sus alegaciones incidirá precisamente en el veto a los conductores.

El Estado ha puesto en los tribunales todos sus instrumentos al servicio de la concesionaria. Sus representantes en la DGT o en la Dirección General de Carreteras han declarado como testigos de la defensa de Audasa para negar que durante varios años se hubiesen registrado atascos masivos como consecuencia de las obras. Para ellos lo que se produjo fueron retenciones "normales", en su mayoría de entre dos y seis minutos, y tanto la fluidez del tráfico como la información suministrada a los conductores para alertarles de las incidencias fueron siempre correctas.

Basta echar un vistazo a la hemeroteca de FARO para constatar que los atascos ocasionados fueron exasperantes, hasta el extremo de que, como declararon los agentes de la Guardia Civil, en alguna ocasión se procedió incluso al cierre de la autopista. También se podría comprobar la propia cuenta de Twiter de la DGT que, como publicamos en nuestras páginas, registró más de un centenar de alertas de retenciones durante el periodo de ejecución de las obras. Esos avisos se emitieron durante 70 días, lo que mal se compadece con simples incidencias puntuales, y mucho menos con lo que los susodichos representantes entienden por normalidad viaria.

La Fiscalía mantiene justamente la posición contraria: reclama que se declare nula la práctica de cobrar íntegramente el peaje o, en todo caso, que se rebaje la cuantía "cuando no se está prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y/o seguridad del tráfico". Parece de cajón que un vial que ofrece solo dos carriles de circulación -uno en cada sentido- no es una autopista, por lo que cobrar la tarifa completa por ello más que un despropósito es una mezquindad.

Pero lo realmente grave, más allá de la causa que ahora se dirime, es constatar, una vez más, que la posición del Gobierno, de éste pero también de los anteriores, en la gestión de la AP-9 es de una sumisión y un seguidismo manifiesto, de una subordinación insoportables que deja a los conductores indefensos.

Desde este mismo espacio editorial, FARO ha denunciado el tratamiento injusto y discriminatorio que sufren los gallegos con la AP-9, un vial que conecta las ciudades gallegas sin que exista una alternativa viaria mínimamente digna. Una autopista con unos precios abusivos que durante décadas se van a seguir encareciendo de forma exponencial, mientras en otros puntos de España se están eliminando. Una autopista que cobra en tramos que son inequívocamente circunvalaciones, como el Vigo-Redondela. Una autopista que es un foco de contaminación acústica -como en los barrios de Teis y Chapela- muy por encima de lo que permite la ley y que sigue a sin atajar con mejoras en el asfalto o pantallas antirruido. Una autopista, en fin, que en situaciones extremas, como incendios desatados en las proximidades de su vial, decide no levantar las vallas y seguir aligerando las carteras de los usuarios, más allá de que sus vidas puedan estar en peligro.

Ante todas estas situaciones, Transportes adopta siempre la misma posición: promesas vagas, inconcretas y difusas, y esperar a que escampe. Mientras tanto Audasa sigue engordando sus millonarios ingresos, con una cuenta de resultados que para sí querrían otras empresas. Beneficiaria de un estatus de monopolio, sin competencia alguna, de manera que a los conductores gallegos no les queda otro remedio que pagar.

A estas alturas es un ejercicio vano reclamarle a la concesionaria un ejercicio no ya de humanidad, sino de simple sensibilidad social. Pero lo que sí hay que exigir, alto y claro, al Gobierno, a Transportes y a su Abogacía del Estado, es que cumplan de una vez con su obligación, su responsabilidad y su deber de defender los intereses de la ciudadanía. En este caso, lo que está demostrando es que tal defensa tiene un precio: a partir de 90 millones queda derogada.

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