A estas alturas, y vivido lo que se vivió durante bastantes años en los Reinos que conforman España con escándalos varios -más o menos desde Roldán a Bárcenas, pasando por los ERE y la procesión de los corruptos y los presuntos-, debiera satisfacer por ejemplo el reciente anuncio del Consello de Contas de Galicia. Porque dice que va a controlar las subvenciones públicas en concursos, adjudicaciones y demás senderos de la vida burocrática en la que tantos recovecos existen y en los cuales -dicen algunos malévolos- podrían haberse complicado todo tipo de asuntos como los citados, sentenciados ya. Y otros que todavía no.
En este punto quizá sea útil -aunque parezca propio de Pero Grullo- añadir que ese anuncio no significa ni más ni menos que lo que su propio nombre indica: que se todo cuanto entre en la competencia de ese Consello. Cualquier otra intención -o interpretación- que pudiera derivarse de la susceptibilidad social producida por los precedentes históricos parece equivocada. Aunque dada la tensión que soporta el país, es casi seguro que será aprovechada por las diferentes fuerzas políticas para desgastar al adversario y llevar el agua, aunque turbia, a su molino.
Puede ser lógica, pero no por ello cierta, alguna sospecha sobre la coincidencia -así la llamarán algunos- entre la intención controladora de Contas y este 2020, que es año electoral. Pero semejante reticencia resulta absurda temeraria y hasta podría aproximarse a una excusatio non petita, para el caso de que los controles detecten alguna irregularidad y, por tanto, transformaría la desconfianza en acusatio manifesta. Y no parece que exista alguien tan obtuso que caiga a priori en semejante actitud. Aunque tal como está el patio político, nunca se sabe.
En lo que sí podría abrirse cierto debate sería en la eficacia real de ese tipo de controles, incluso de los que en la práctica -y desde la teoría- parecen más contundentes. Porque no está el horno para bollos ni el personal para la candidez, y se ha demostrado hasta la saciedad que por más "fielatos" que se hayan abierto en todo tipo de itinerarios burocráticos, casi siempre -y el casi es generoso- se los han saltado quienes carecen de escrúpulos o andan sobrados de desvergüenza. Y la lista de golfos y el relatorio de sus desmanes dan para un par de tomos de grosor enciclopédico.
De plantearse la cuestión de la eficacia habría, en opinión de quien escribe, de endosarse a la reflexión global de hasta qué punto la tienen -eficacia- esa y otras instituciones estatutarias, incluida la del Valedor do Pobo. Desde un punto de vista personal, poseen un valor en cierto modo simbólico, que da esplendor a la Autonomía desde una función no ejecutiva, pero sí ejemplarizante. Y en ese sentido cabe reconocerle utilidad ética, ya que sus dictámenes e informes pueden contribuir en momentos concretos a distinguir el bien del mal o, quizá por mejor decir, lo correcto de lo que no lo es. Lo otro, lo delictivo en su caso, lo determinarán otras instituciones del Estado de Derecho. Así es el sistema y así conviene enfocarlo. Y, a quien corresponda, defenderlo.
¿O no...?
