El macrojuicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el "caso Pescanova", la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España, llega a su ecuador. El próximo 26 de marzo concluirá el juicio que ha sentado en el banquillo a 20 acusados para los que se pide en total más de 160 años de prisión por un descalabro empresarial que generó una suspensión de pagos de 3.650 millones de euros. El 28 de febrero de 2013, hace ya siete años, de la noche a la mañana, y sin explicación aparente, lo que parecía ser un nimio problema de liquidez -15 millones- destapó un entramado financiero y societario y unas prácticas que sumieron a un referente mundial de la industria pesquera, buque insignia de la economía gallega, en un escándalo sin precedentes.

En las diez sesiones de juicio celebradas hasta ahora, por la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya han desfilado para prestar declaración las 19 personas físicas imputadas en el procedimiento, a excepción del auditor Santiago Sañé, que no ha terminado todavía. Sus testimonios comienzan a arrojar luz para entender cómo fue posible que ocurriese lo que ocurrió con una multinacional que año tras año presentaba sus cuentas sin suscitar la mínima discusión, tal era la confianza que generaba.

El relato de Fiscalía y de parte de los acusados arroja, pese a la defensa del núcleo duro de la excúpula -con el expresidente Manuel Fernández de Sousa a la cabeza-, la imagen de un holding global que quiso ser el número uno y no reparó ni en medios ni en métodos en su intento por conseguirlo. Así surgió una maraña societaria muy difícil de desentrañar que perseguiría, según el ministerio público, un claro propósito: tapar, ocultar y maquillar la realidad. Y seguir adelante con el trampantojo.

La fiscalía, por voz de Juan Pavía, sostiene en su exposición a inversores y bancos para seguir contando con el apoyo financiero de estos últimos, hasta atrapar a 109 entidades de todo el mundo. El representante del ministerio público, en el arranque del procedimiento, lo ilustró en estos términos: "Presentaba unos beneficios millonarios y de repente hablaba de una insolvencia inminente. No tendríamos límites para exponer estos hechos".

Los imputados, por su parte, han establecido al menos cuatro tipos de estrategias de defensa: la del propio Sousa con su núcleo duro directivo (Alfredo López, Joaquín Viña, Ángel González, Carlos Turci, José Manuel Gil y Alfonso García); la de los exconsejeros y/o disidentes del expresidente (Alfonso Paz-Andrade, Pablo Fernández, Fernando Fernández, José Antonio Pérez-Nievas y Antonio Táboas), que aseguraron que desconocían las prácticas irregulares o confiaban directamente en el buen hacer de la dirección; la de los hombres de paja, que admitieron que nunca se habían dedicado a la compraventa de pescado y que fueron utilizados por Pescanova para obtener financiación bancaria con facturación "aparente"; por último, la del auditor de BDO Santiago Sañé, que se exhibió como víctima del proceder del núcleo de Sousa pese a haber revisado sus cuentas durante una década sin hacer constar el mínimo reparo o salvedad.

La esposa del expresidente, Rosario Andrade, no está imputada por la gestión de la compañía, sino por haber tratado de sacar presuntamente provecho económico de la venta irregular de acciones. Ella, con sus dos hijos, se enfrentará a otro procedimiento en verano, también en la Audiencia Nacional, por delitos de presunto blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

La estrategia de Fernández de Sousa ha sido, por un lado, atacar a la banca, por usurera; a sus exsocios, por falta de colaboración; y a BDO, por no detectar los errores. Y, por otro, en teñir de buenismo su declaración con proclamas como: "Yo era el presidente ejecutivo y único responsable de lo que se hiciera bien o mal en Pescanova".

Su expresidente sigue pensando que la vieja Pescanova sería hoy la primera firma pesquera del mundo de haber sorteado el preconcurso en marzo de 2013. Y eso pese a constatar la fiscalía que la multinacional llevaba desde al menos 2008 utilizando empresas fantasma para la emisión de créditos documentarios, apertura de líneas de factoring -sin que nunca hubiese existido un intercambio real por la mercancía- u ocultando sistemáticamente filiales de su perímetro oficial de consolidación, moviendo deuda de un lado a otro a espaldas del mercado.

"Aun con las cuentas corregidas se facturaron 1.400 millones de euros. Imagine que hubiesen subido los precios entre un 30 y un 40%. Eran proyectos únicos y fantásticos", llegó a declarar De Sousa ante el tribunal en una suerte de ensimismamiento que ignoraba realidades como su aventura portuguesa en pos de la mayor piscifactoría de rodaballo del mundo, que nació mal y nunca consiguió funcionar al completo. O que las supuestas "grandes operadoras mayoristas" del mercado, según sus propios administradores y pese a haber facturado con ellas más de 2.500 millones de euros en cinco años, fuesen en realidad instrumentales creadas bajo instrucciones de la superioridad.

La imagen de BDO, una de las denominadas big four (las cuatro grandes auditoras, con KPMG, E&Y y Deloitte), ha quedado seriamente dañada, por cuanto ni detectó el presunto fraude ni admitió haber omitido la ejecución de procedimientos que habrían podido sacar a la luz toda esa ingeniería societaria y financiera que buscaba ocultar la cruda realidad.

La macrocausa, que, pese a su extraordinaria relevancia, ningún medio nacional ni regional está siguiendo in situ excepto FARO, encara su recta final pendiente aún de testimonios claves. Durante las próximas sesiones comparecerán los exconsejeros José Carceller o François Tesch e inversores como Peter Yu, que han sufrido un perjuicio superior a los 115 millones de euros. También el exsecretario del consejo César Mata; los administradores concursales de Deloitte, Senén Touza y Santiago Hurtado, o los autores del informe forensic de KPMG, que pusieron negro sobre blanco las prácticas irregulares de Pescanova ya en 2013, informe sobre el que se ha basado en buena medida el escrito de acusación de Fiscalía.

Al extraordinario daño infligido a la marca -que pese a todo está sabiendo superar con los nuevos gestores el dramático destino al que parecía abocada-, se le suma también la ingente nómina de afectados que han perdido su inversión (y muchos, ahorros). De hecho, más de 9.000 accionistas minoritarios de la antigua Pescanova SA, ya nunca podrán recuperar los 170 millones que valía la sociedad

La Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre la responsabilidad de los imputados, pero hasta ahora las sesiones celebradas han permitido arrojar las primeras y esclarecedoras luces sobre el pozo negro y profundo en el que se había convertido la administración de una multinacional líder que a punto estuvo de zozobrar con sus severas consecuencias para nuestra economía. Afortunadamente, tal es la fuerza de la marca, tal su arraigo, tal la confianza en la misma, que la nueva Pescanova ha logrado salir viva del huracán. Que todo ello sirva de lección de lo que nunca jamás debió haber ocurrido.