La semana empezó con el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, haciendo malabarismos para no quemarse con la polémica del pin parental. Y la oposición, azuzando a los populares gallegos con la controversia, consciente de que perjudica a los intereses electorales del PP gallego el entusiasmo del líder del PP, Pablo Casado, al abrazar la iniciativa de VOX para que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a charlas sobre educación sexual o cambio climático.
El titular de la Xunta intentó salirse por la tangente. Rehuyó bajar a la arena con el argumento de que no quería participar "en la politización de la educación". Feijóo no deseaba volver a discrepar con quien, al fin y al cabo, es su jefe de filas, pero sobre todo pretendía no espantar a los votantes más conservadores. Y tampoco quería molestar a los votantes más centristas que llevan tres legislaturas votándole a él como cabeza de cartel.
De sus declaraciones intuimos que el presidente de la Xunta no comulga con el pin parental, pero su rechazo no fue tan rotundo como para satisfacer a quienes asisten asustados ante los planes retrógrados de VOX, y sus medias tintas tampoco debieron convencer demasiado a quienes sí comulgan con los postulados de Santiago Abascal. Eso es lo que pasa cuando uno quiere nadar y guardar la ropa.
El problema del PPdeG es que necesita amarrar la mayoría absoluta, y para ello no puede descuidar ni el flanco del centro ni el flanco de la derecha. Así que se mueve entre dos aguas. La mayor preocupación de cara a la cita con las urnas para los populares es que VOX se quede a las puertas del Parlamento gallego, sin lograr representación, pero después de haberle arrebatado varios miles de votos, y con ellos la mayoría absoluta.
Ya estaban tomando Espidifen en la sede del PPdeG, cuando llegó el Gobierno de Pedro Sánchez y les hizo un gran favor, tapó la controversia con otra, con otra que perjudica las expectativas electorales de la izquierda, no las del PP: el pago pendiente de la deuda de los 200 millones de euros del IVA. ¡Los estrategas de PSdeG y Podemos deben tirarse de los pelos con la ayuda que les presta Madrid en plena precampaña electoral de las gallegas, igual que en el PPdeG tiemblan con las ocurrencias de Pablo Casado!
Este año, habrá tres citas electorales, en Galicia, País Vasco y seguramente en Cataluña. El mejor resultado al que pueden aspirar PSOE y Podemos es el de Galicia. Tienen una opción de tumbar al invicto Feijóo, pero en Madrid o no han caído en la cuenta todavía o piensan que la fruta están tan madura que caerá por su propio peso.
Están equivocados y dirigentes del PSdeG y Podemos Galicia deberían advertírselo, sobre todo porque los de aquí fían sus expectativas en las urnas al viento de cola que supone tocar poder en Madrid.
El PPdeG es una pieza difícil. Si se quieren cobrar la presa tendrán que pelear, sudar la camiseta y no desaprovechar una sola oportunidad, y muchos menos meter goles en propia portería. Y esto es lo que ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien le debe parecer muy normal anunciar como quien no quiere la cosa que el Estado se queda con los 200 millones pendientes del IVA (2.500 millones de euros en toda España) porque el plazo para entregar el dinero a las comunidades se ha agotado.
Nunca hasta esta semana el Gobierno dijo que había un plazo y, mucho menos, que éste había finalizado, siempre excusó la no entrega porque no había presupuestos y como mal menor aquí se pensó que el dinero, con demora eso sí, llegaría con las Cuentas de 2020. Si es cierto lo dicho por Montero, el Gobierno, en vez de dar carpetazo y quedarse con el bolsillo lleno, debería urgir una solución. Si se puede impulsar la reforma del Código Penal para rebajar la pena del delito de sedición, bien se puede buscar una argucia legal para que las comunidades reciban lo que es suyo, ni más ni menos. Es lo justo.
En esta polémica, se echa de menos un discurso más combativo de Gonzalo Caballero y Antón Gómez-Reino. Está bien que recuerden que el impago empezó en la era del ministro Cristóbal Montoro, pero el dinero es de Galicia y deben exigir a los suyos, ¡qué alguna ascendencia tendrán sobre ellos!, su entrega. Aún no lo han hecho.
Lo malo es que los ciudadanos ya están acostumbrados. Tampoco era tan duro el tono del presidente de la Xunta cuando era un ministro del PP el que hurtaba los recursos.
