¿Se imaginan que dentro de 15 años no existiesen los concellos de Vilagarcía de Arousa, Cangas, Redondela, Moaña o Sanxenxo? ¿Que hubiesen desaparecido del mapa? Parece impensable, pura ciencia ficción, pero puede ocurrir. O, para ser más exactos, Galicia perderá en la próxima década y media una población equivalente a la de los cinco municipios citados: 139.000 habitantes. El ejemplo explica con claridad el grave problema al que se enfrenta nuestra comunidad. La crisis demográfica es un órdago de primera magnitud que necesita un plan de acción de la misma envergadura. Si nada lo remedia, y las prospectivas del INE se han venido confirmando con dramática puntualidad, Galicia tendrá en 2035 la misma población que en 1970. Es una regresión de nefastas consecuencias. Seremos una comunidad con menos habitantes y mucho más envejecida. Dicho en términos coloquiales, un país con más pasado que futuro.
La situación empieza a tener tintes dramáticos. La proyección del INE apunta a que en 2035 España ganará 2,4 millones de habitantes, si se mantienen las tendencias de fecundidad, mortalidad y migraciones. Será un Estado conformado por comunidades que desde el punto de vista demográfico se moverá a dos velocidades: nueve autonomías sumarán población (concentrada fundamentalmente en entornos urbanos) y otras ocho la perderán. Y este es un elemento que tiene que ver directamente con la creación de riqueza, la generación de prosperidad y también con la garantía de futuro.
La sangría demográfica se agrava cada día. El "paciente" gallego, lejos de mejorar, ve cómo su salud se debilita de forma inexorable. Y eso pese a que en el primer semestre de 2019 nuestra comunidad registró el mejor saldo migratorio exterior de su historia. Galicia recibió el pasado año una inyección extra de extranjeros de más de 7.000 personas. Las crisis políticas, económicas y humanitarias de países como Venezuela y Colombia le reportaron un contingente de censados récord. Pero pese a ello la cifra de vecinos en Galicia se sitúa ya por debajo de los 2,7 millones de personas, el registro más bajo de la serie histórica.
Los datos son demoledores: en 2018 en Galicia por cada nacimiento se produjeron dos defunciones. En el caso de Ourense la desproporción es todavía mayor: por cada bebé, tres fallecimientos. Solo la provincia de Pontevedra, sin poder sacar pecho, mantiene unas ratios mínimamente asumibles. La brecha no deja de crecer. Galicia posee el dudoso honor de ser la comunidad con el peor saldo vegetativo de España, un "podio" negativo que encabeza desde hace 18 años. Y es que encadena tres décadas con más muertes que partos. Una última cifra que ilustra la gravedad del fenómeno: en 2030 uno de cada tres gallegos tendrá más de 65 años.
La descripción del estado de las cosas asusta y de momento no hay ni un solo dato al que poder a aferrarse para alimentar cierto optimismo. Si la situación actual es muy mala, el futuro inmediato pinta peor. Así que se acabó el tiempo de pañitos calientes, en forma de medidas aisladas, constitución de comisiones de expertos que no nos han llevado hasta ahora a ninguna parte y libros blancos, tochos que solo sirven para hacer bulto en los estantes de las administraciones. Galicia no necesita parches, sino una estrategia ambiciosa, generosa, valiente y sostenida en el tiempo.
Claro que el problema no tiene un único enfoque y no se solucionará con pociones/medidas milagrosas. Y que en él deben implicarse todas las instituciones (locales, provinciales, autonómicas, estatales y europeas), pero aquí no se trata ya de exigir a los demás una mayor implicación, que también, sino de lo que estoy dispuesto yo a hacer para caminar hacia una posible recuperación. Y ese yo tiene un primer nombre: Xunta de Galicia
El presidente gallego lleva años proponiendo un gran pacto de Estado. "El reto de la evolución demográfica es posiblemente el mayor desafío que tiene España para la sanidad, las pensiones, los servicios públicos y la educación", ha dicho en alguna ocasión Alberto Núñez Feijóo. El análisis es certero: el Estado del Bienestar pende del finísimo hilo demográfico. Y en nuestra comunidad, todavía mucho más.
En la búsqueda de una respuesta global, el Gobierno autonómico está impulsando la primera ley en España para frenar esta suerte de proceso de "desertización" humana. Política Social, en la memoria económica del proyecto de ley, cifra en 3.100 millones la partida genérica destinada a políticas activas de impulso demográfico, aunque en nuevos instrumentos solo se habilitarán 120 millones en los próximos cuatro años.
Su iniciativa ha sido acogida con críticas unánimes de la oposición: "propaganda, falta de ambición, ir a la guerra con armas de plástico, medidas de probada ineficacia..." Como se ve, en este asunto capital la clase política gallega está a años luz de un posible, y necesario, acuerdo que orille los intereses partidistas o electorales. La guerra de trincheras no deja ninguna cuestión al margen, por muy importante que sean sus consecuencias. Y éste es el peor de los síntomas.
Pero las objeciones no solo han partido de los grupos de la oposición, sino que el propio Consello Económico y Social (CES), un organismo en donde están representados los agentes socioeconómicos, ha emitido un informe que siembra dudas sobre el macroplan de la Xunta. El CES ha apremiado a la Administración autonómica a adoptar medidas concretas, un cronograma para su aplicación y, esto es fundamental, consignar los recursos suficientes. Así, demanda iniciativas específicas destinadas a fomentar el empleo de calidad, planes que pongan el foco en la población del rural y blindar los servicios esenciales en las zonas más despobladas, que son las que más sufren el éxodo de vecinos o el hundimiento de población. Desgravaciones fiscales o ayudas para reformar inmuebles en el rural también forman parte de su catálogo de consideraciones.
La Xunta se ha apresurado a replicar que ya ha incorporado a su texto legal el 83% de estas recomendaciones. Ahora está por ver si esa presencia en un articulado se traduce en la mejora de asuntos tan importantes como la conciliación, la flexibilidad horaria, una amplia oferta de guarderías públicas, la facilidad para lograr una vivienda digna o un empleo estable, factores determinantes en la decisión de formar una familia. Si es así, bienvenida sea la ley.
Combatir la crisis demográfica, ya está dicho, no es sin embargo una competencia exclusiva de la Xunta. Ayuntamientos y diputaciones tienen la obligación moral de colaborar, allegando recursos de toda naturaleza. Y, por supuesto, el Gobierno de España. Por primera vez el Ejecutivo ha creado una vicepresidencia que tiene entre sus competencias el Reto Demográfico. Es de esperar que este epígrafe trascienda el mero título y adopte, en coordinación con otras administraciones, las medidas imprescindibles y urgentes para frenar una dinámica terrible. El presidente Pedro Sánchez tiene una contrastada querencia hacia los golpes de efecto, pero en esto España y Galicia, entre otras comunidades, se juegan demasiado como para convertir un desafío monumental en un mero maquillaje administrativo, en un ropaje hueco, que adolece de fondos y sólidos proyectos.
Mucho se ha dicho, escrito y prometido sobre la imperiosa necesidad de atajar la constante pérdida de población. Es hora de pasar de las palabras a la acción. Con prisa y sin pausa. El reloj corre en contra. Y a toda velocidad. Los gallegos lo saben. En el último sondeo de FARO los encuestados citaban como el segundo mayor problema de Galicia la despoblación, por encima de la sanidad, la educación, la economía o las infraestructuras. Ésta es la mejor demostración de que la sociedad gallega urge una política ambiciosa y sostenida en el tiempo para revertir una curva que encamina a nuestro país a ser un territorio envejecido y sin un relevo generacional que blinde su presente y arroje luz sobre su futuro.
