El artículo 124 de la Constitución española establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Por consiguiente se trata de un nombramiento inequívocamente político solo condicionado por el requisito de poseer, junto naturalmente la nacionalidad española, la condición de jurista con quince años de ejercicio profesional. Un requisito de preparación que cumple sobradamente Dolores Delgado, que pertenece a la carrera fiscal desde hace más de 30 años. La próxima Fiscal General del Estado es además una profesional integra y muy comprometida con los valores democráticos. No he tenido el honor de haber podido trabajar con ella, pero el tiempo pasado ya es solo eso. Ahora, como toda España sabe Dolores Delgado ha sido propuesta para este importantísimo cargo por quién constitucionalmente debe hacerlo, el presidente del Gobierno. Y hay que cumplir así con los trámites preceptivos para que Delgado tome pronto posesión de esta grandísima responsabilidad. El CGPJ que todavía preside Carlos Lesmes, apartandose de los precedentes hizo a los 20 vocales una propuesta sobre Delgado que suponía la cuadratura del circulo. Porque si se cumplen los requisitos establecidos en la norma, se es entonces idóneo y no cabe más interpretación de la voluntad del legislador.

Una vez pasado el trámite del CGPJ, Delgado comparecerá ante la comisión de nombramientos del Congreso, lugar ese si indicado para el juicio político que sobre su idoneidad harán los grupos parlamentarios.

Con Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado no tengo dudas de que veremos a un Ministerio Público todavía más comprometido, si cabe, con la defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía, asumiendo la dirección de las investigaciones penales y potenciando su papel de garante de las libertades públicas y de la defensa de la independencia judicial.

*Doctor en Derecho Público por la USC