Los partidos se acercaron a los electores para solicitarles el voto y al día siguiente de recogerlo se alejaron de ellos, entregándose en solitario a su juego favorito. La responsabilidad de gestionar el interés general, según explican, aconseja evitar interferencias y ocultarse de los ciudadanos para ser eficaz. La sociedad española se muestra recelosa ante los acontecimientos y disimula su impaciencia con turrón. El tiempo corre y las circunstancias empujan a Pedro Sánchez a acelerar el paso para llegar a su destino, la investidura, por el camino emprendido, esto es, un pacto con Podemos y los independentistas. La formación del gobierno es tan deseada que se espera que con ella vengan la estabilidad y la calma a la política española. Algunos medios afirman que la suerte ya está echada. Sin embargo, hay indicios de que con el nuevo Gobierno se abrirá una etapa tormentosa, de mínima certidumbre y máximo riesgo, en nuestra vida política.
El primero es la pugna abierta por la primacía entre las dos principales fuerzas del independentismo catalán. Sin moverse un ápice de sus posiciones, ERC ha redefinido su estrategia, que consiste en presionar y poner en la picota a cada institución del estado español, conseguir todo lo que sea posible en cada ocasión y esperar el momento para seguir avanzando hacia la independencia, que considera "irreversible", mediante un referéndum, que considera "inevitable". No habrá investidura sin concesiones y, en consecuencia, la firma de un pacto con este partido implica necesariamente acercarlo a sus objetivos. Pero el problema sería mayor si, firmado el pacto, en la política catalana se produjeran unos movimientos que acabaran con una victoria en las próximas elecciones autonómicas del sector independentista alineado con Puigdemont, una posibilidad real que afectaría de lleno a la política nacional.
Por lo que vemos, se avecina otro frente que trae fuertes turbulencias. Los independentistas que negocian con el PSOE no aceptan la legalidad española, piden la nulidad del juicio a sus dirigentes condenados y manifiestan sin reparo su propósito de volver a proclamar la soberanía de Cataluña del modo que sea. En los próximos días, la abogacía del Estado, la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo se pronunciarán sobre la situación judicial y política de Junqueras. El poder judicial y la administración del Estado se han convertido en el dique de contención ante las reclamaciones del independentismo por encima de la legalidad, mientras el Gobierno en funciones actúa atenazado por la pretensión de alcanzar la investidura de Pedro Sánchez con la abstención de ERC.
Con todo, la señal que provoca más frustración en la sociedad española es la actitud de los dos grandes partidos. La negociación para formar Gobierno permite constatar el abismo que separa en la actualidad al PSOE y el PP, los partidos que conjuntamente deberían estar defendiendo con firmeza la vigencia de la Constitución, que no excluye su reforma, y de las instituciones democráticas. La distancia la ponen los dos. El PSOE incumple su obligación de mantener el diálogo abierto con el PP, mayor si cabe en esta coyuntura, y el PP no se presta como debiera a colaborar en la gobernación del país. El PSOE está decidido a compartir su futuro político con la izquierda y los nacionalistas en exclusiva, y el PP no asume el papel subordinado que le corresponde y se prepara para aprovechar la siguiente oportunidad que le deparen las urnas. Quizá no se equivoque. Es posible que en otras elecciones que se celebraran hoy el resultado fuera distinto al registrado el 10 de noviembre.
La concertación del PSOE con los independentistas, presos, fugados, pero envalentonados por la receptividad de la izquierda a sus demandas y victorias judiciales simbólicas, y el aislamiento de la derecha, que tenderá a endurecer su discurso cada día más, definen el panorama y auguran una legislatura cargada de tensión, que hará más profunda la división política de la sociedad española. El acuerdo entre el PSOE y el PP, más necesario que nunca, es imposible porque ambos partidos han antepuesto la política de partido a la política de Estado. Su elección no garantiza en absoluto la estabilidad política. El Gobierno que se forme vivirá contradicciones difíciles de soportar entre la historia del PSOE y los devaneos y las exigencias de sus socios. El tiempo dirá, pero la solución al bloqueo propuesta por Pedro Sánchez en principio vuelve la política española más insegura e imprevisible aún.
