Existe una clara asimetría entre las decisiones de gasto privadas y las públicas. Las primeras son, en general, más meditadas. En el seno de las empresas o de los hogares, la gente piensa y da vueltas al destino que le da a su dinero; se valoran alternativas; se prioriza. En el ámbito público, no. La idea (correcta) de que el sector público no busca beneficios privados, sino sociales acaba generando (de forma incorrecta) rechazo a quienes hablan de eficiencia en el gasto o rentabilidad social. Y es un grave error. Porque existen herramientas técnicas que nos permiten descartar costosas inversiones que no van a aprovecharse; a ensayar nuevas fórmulas para hacer mejor y más barato cosas que hoy se hacen; o para priorizar decisiones de gasto. El dinero público es de todos y no puede gastarse con menos criterio que el privado.
Cierto que ninguna Comunidad Autónoma o la administración central tienen interiorizada esta filosofía. Pero sería fantástico que en la larga precampaña a las autonómicas gallegas que se celebrarán en 2020 este asunto se colase en la agenda y los programas.
Si queremos, podemos. El coste sería muy inferior a las ventajas que se derivarían de implementar una cultura de la rentabilidad social del gasto público. En particular, necesitaríamos una agencia independiente con recursos suficientes y que, en colaboración con las tres universidades gallegas, sometiese a escrutinio el conjunto del gasto autonómico; pero también los propios beneficios fiscales autonómicos que totalizan cientos de millones de euros al año. La tarea podría hacerse de forma progresiva, seleccionando proyectos particularmente costosos o aquellos en los que la intuición nos dice que no lo estamos haciendo muy bien.
¿Qué líder gallego está dispuesto a ser el primero en asumir el reto?
*Director de GEN (Universidad de Vigo)
