Como comentaba el lunes pasado, los resultados electorales abrían dos posibilidades de pactos para el PSOE. Cualquiera de las dos era difícil y exigía que el PSOE y otros partidos cambiasen de discurso y aceptasen fórmulas y acuerdos previamente denostados. Por eso, no me parece razonable que, después de haber exigido a nuestros partidos que llegasen a acuerdos, ahora echemos en cara el cambio de posturas. Las críticas deben centrarse en el contenido de los pactos, en su estabilidad o en las formas; pero no en el hecho de que lo que un partido u otro rechazaba el 9 de noviembre se aceptase el 12. Cierto es que lo ocurrido debería servir para que nuestros políticos sean algo menos vehementes en el futuro y sean muy prudentes a la hora de cerrar puertas definitivamente a pactos y acuerdos futuros.
En todo caso, la cosa no está hecha. El independentismo tiene la última palabra. Sin la abstención de ERC, de nada habrá valido lo anterior y Pedro Sánchez se vería obligado a girar hacia el centro-derecha o, de nuevo, volver a las urnas.
No soy adivino y no puedo saber qué pasará; si las exigencias de ERC serán asumibles o no para el PSOE. De lo que sí estoy seguro es de que la presión de Podemos y los votos de los partidos de ámbito regionalista empujan al alza el gasto público en un contexto de desaceleración económica y, por tanto, de la recaudación tributaria. Por eso, resulta especialmente importante que el PSOE y Podemos sean muy transparentes y claros en el encaje presupuestario de programas y acuerdos con unos y otros. En las próximas semanas deberían presentar una memoria económica rigurosa del gasto público del conjunto de acuerdos a los que lleguen y de dónde saldrán los recursos necesarios para financiarlo.
Tenemos un problema con el déficit público estructural y la deuda. No contamos con margen presupuestario para alegrías.
*Director de GEN (Universidad de Vigo)
