Las elecciones del 10 de noviembre tenían un doble aliciente. De una parte, constatar cuan extenso era, dentro del PP, el sector de la militancia proclive a la extrema derecha. Y de otra, averiguar si la apuesta del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por ampliar una base electoral que le permitiese negociar un gobierno en solitario, no sería demasiado arriesgada, como ya le habían avisado algunos críticos. Respecto del primer asunto, siempre había llamado la atención que España fuera el único país de Europa que no tuviese un partido de extrema derecha. Y el argumento que se utilizaba para explicar ese raro fenómeno (desde el liderazgo de don Manuel Fraga Iribarne, un antiguo ministro de la dictadura franquista) era que la gente que pudiera formarlo estaba ya dentro de AP primero y del PP después. Una conclusión lógica, porque España también fue el único país de Europa donde había ganado la guerra una facción del ejército que simpatizaba con el nazismo y el fascismo. Y cuarenta años de absoluto predominio dejan inevitablemente una huella muy profunda en la sociedad. Partiendo de esos antecedentes históricos, no puede extrañar la rápida creación de Vox y su no menos rápida ascensión electoral hasta alcanzar los 52 escaños en el Congreso de los Diputados.
Ahora, los sociólogos y los expertos en encuestas nos detallarán, con precisión de forense, de dónde le vinieron los votos a la formación que preside el señor Abascal. Unos dirán que la mayoría del PP, pero otros apuntarán al desarbolado Ciudadanos, e incluso a votantes de izquierda desencantados con los partidos que la representaban tradicionalmente, tal y como ha ocurrido en otros países europeos. Bien, todo eso servirá para entretenimiento de politólogos, pero el primer efecto práctico que salta a la vista es el hecho de que 52 diputados en el Congreso ponen en manos de Vox la posibilidad legal (artículo 162 1a de la Constitución) de interponer recurso ante el TC contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, violación de derechos y libertades, conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí y demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Es decir, una vez superado el límite legal de los 50 diputados, la posibilidad de enredar, en prácticas de filibusterismo retardatario, la tramitación de asuntos de vital importancia. Ahí es nada.
Respecto del segundo asunto, esto es sobre la apuesta de Sánchez para ampliar su base electoral a costa de la división de la derecha, está bien a la vista que ha resultado fallida. Él mismo ha perdido dos diputados respecto de la elección anterior y deja un panorama confuso de alianzas casi imposibles que costará aclarar si no queremos ir a una nueva cita electoral que aún pudiera ser más catastrófica. Estos dos son, a mi juicio, los asuntos que merecen mayor atención entre todos los que se derivan de las elecciones del 10 de noviembre. Y aún cabría un tercero a investigar. Como el hecho de que en Galicia, región tradicionalmente conservadora, Vox no haya conseguido ningún diputado. Todos agradeceríamos que algún politólogo de guardia estudiase el fenómeno.
