A estas horas parece poco probable que alguien, incluso entre los mejor intencionados, no haya albergado sospechas acerca de que la campaña de funcionarización que la Xunta ha puesto en marcha no tenga que ver con las elecciones. Estas del día 10/N o las de año que viene, porque en ambas se juega mucho, si bien es cierto que en unas más que en otras. Y es sabido que los gobiernos afilan el ingenio cuando intuyen riesgos, aunque no los vean inminentes para su continuidad -o "estabilidad", como se dice ahora"- y apuran por eso la búsqueda de votos.
Otras hipótesis más audaces, como por ejemplo que lo que se pretende es acabar con el paro a base de hacer funcionarios a quienes están en las listas del INEM, resultan tan absurdas que ni siquiera un político desesperado podría tenerlas en cuenta. Y no aparenta ser el caso de quienes dirigen la gestión de este antiguo Reino, al menos por lo que apuntan las encuestas. De modo que, aparte alguna otra causa "humanitaria", la explicación más plausible es que la "estabilidad" que tanto reclama el señor presidente Feijóo se oriente ahora al campo laboral.
No sería mala cosa, desde luego, a pesar de las dificultades que implica para financiar la intención. Pero si se tiene en cuenta que una gran parte de los beneficiados están ya en la nómina de la Xunta como empleados, el problema quizá sea sólo administrativo. Y ya se sabe que las estructuras funcionariales dan mucho de sí, al menos en su parte elástica -la relativa a la libre designación, verbigratia- y siempre hallan una forma de lograr los objetivos de quienes las gobiernan. Y no parece necesario hacer un relato casuístico, porque sería largo, farragoso y discutible.
A partir de esas reflexiones, la cuestión ha de situarse en otra óptica. La que obliga a preguntar si la Xunta, y su Administración, necesitan tantos funcionarios, teniendo en cuenta que su peso financiero durará, en el caso de esa incorporación masiva al escalafón, toda la vida laboral de los que entrarán. Y si esa necesidad es obvia, sería bueno que se explicase por qué no se ha hecho antes, de forma que se resolvieran con justicia -algo que deberá cuidarse ahora- las incertidumbres de los interinos, sin ir más lejos. Porque ya hay reticencias y hasta desconfianza.
Desde un punto de vista personal, y dada la relativamente habitual costumbre de la Xunta de encargar a consultorías o asesorías externas tareas que deberían corresponder al personal público, es probable que alguien argumente la "necesidad" de esta funcionarización. Pero cuesta creerla teniendo en cuenta el total de la población gallega y las competencias que le corresponden. A no ser, por supuesto, que el equipo de don Alberto Núñez tenga decidido también extender lo público hasta mucho más allá de lo que hay ahora. Pero es poco probable dada la condición liberal -o centrista: hay quien identifica los conceptos- del PPdeG. Y, si fuere así de raro, volvería la sospecha de electoralismo.
¿No??
