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Antes de votar

La inevitable disolución del Congreso ha elevado la tensión política hasta un punto desconocido. Por primera vez en el casi medio siglo de democracia, los españoles han puesto en la picota a toda la clase política, sin excepción. Ni el hundimiento de UCD, ni el posterior desgaste de los gobiernos socialistas en medio de una gran escandalera, ni siquiera la explosión de descontento del 15-M, dieron lugar a una situación igual. Cuando se produjeron esas crisis, los ciudadanos encontraron una solución mandando a través de las urnas que se produjera un relevo en el gobierno o dando entrada en la arena política a nuevos actores.

Ahora, los partidos exhiben la desnudez de sus objetivos egoístas y procuran obtener ventajas de la posición adquirida con menosprecio hacia los ciudadanos. El resultado de este comportamiento tan explícito está a la vista. La sociedad española habrá perdido el presente año, lleno de incertidumbres, sumida en el desconcierto político interno ocasionado por sus dirigentes. Las reacciones de los líderes en los últimos días a su pésima gestión del trámite de la investidura no han hecho más que abonar la desconfianza de los electores, que perciben, como Felipe González, que todos ellos comparten la responsabilidad del fiasco. Descalifican al adversario con el que tendrán que pactar y se lanzan acusaciones que son malos augurios para después del 10-N, mientras buscan sin disimulo la complicidad de los electores. Alguno incluso ha pedido ya el voto. Y una parte de la opinión pública les sigue el juego, divirtiéndose calculadora en mano con pronósticos y simulaciones. Una mayoría, con el espíritu desolado, sin saber muy bien qué hacer para que la vida política vuelva cuanto antes a la normalidad, se ve tentada a mostrar indiferencia o inhibirse. Pero esta respuesta suele tener efectos depresivos graves y duraderos para la democracia.

La coyuntura política que atraviesa España se puede representar como un pulso democrático entre los políticos y los ciudadanos. Los políticos pretenden disponer de licencia para actuar discrecionalmente y los ciudadanos aspiran a ser respetados y que sus asuntos sean atendidos como se merecen. Los políticos asumen con una incomodidad visible la existencia de controles y los ciudadanos quieren que rindan cuentas de sus actos. En la reciente investidura fallida los políticos doblaron el brazo de los ciudadanos, ignorando el escrutinio de las elecciones de abril, pero ya notan una presión creciente en la calle en su contra.

En primer lugar, los españoles demandan una explicación creíble a la falta de gobierno. Esperarla de los partidos y sus dirigentes es inútil. Bien financiados, dedican su tiempo a justificarse, descargar culpas y practicar la especie más banal y cínica de politiquería. Sin embargo, es preciso que los ciudadanos comprendan lo que está sucediendo en su esfera política, pues esta es una condición necesaria para la práctica responsable de la democracia y, además, seguramente volveremos a elegir entre los mismos candidatos que por incapacidad o interés propio han invalidado el pronunciamiento hecho por los electores en abril.

Conviene saber en qué ha entretenido el personal político los meses transcurridos desde entonces, si lo que hemos visto es todo su trabajo y por qué no ha sido posible una investidura a pesar de las posibilidades que ofrece un parlamento tan plural como el nuestro y de las notables coincidencias mostradas en paralelo por diversas combinaciones de partidos. En la sesión de investidura, el PSOE y Unidas-Podemos parecían estar a un simple paso de componer una coalición, cuando también en apariencia un detalle insignificante desbarató tal posibilidad. El pasado martes, mientras el Rey seguía con su ronda de consultas, Pedro Sánchez le decía por carta a Albert Rivera que su partido cumplía rigurosamente con cada una de las tres condiciones que este le ponía para facilitar su nombramiento, pero la aproximación fue interrumpida abruptamente por ambos sin que hayan comunicado el motivo de tan paradójica e inadmisible actitud.

En segundo lugar, tras la frustrante experiencia vivida, los electores harían bien en exigir a los partidos que contribuyeran a definir su voto, señalando cada partido los homólogos con los que no hay ninguna posibilidad de pacto para formar gobierno. Los partidos que no se excluyeran quedarían así comprometidos a negociar hasta conseguir un acuerdo. De esta manera, podría evitarse la celebración de otras elecciones porque uno o más partidos se obstinaran en no compartir el gobierno. Los votantes acudirían a las urnas sabiendo qué coaliciones se pueden exigir a los partidos, bajo la amenaza de un fuerte castigo en la prensa y en las urnas. De paso, las organizaciones políticas estarían obligadas a asumir que la coalición es la fórmula de gobierno propia y más habitual del multipartidismo.

Es probable que los electores no obtengan de los partidos ni una explicación, ni un compromiso firme, y que tengan que votar con muchas incógnitas y medio confundidos. Puede pasar, incluso, que algún dirigente que ya se postula como candidato sea inhabilitado por sentencia judicial durante el proceso electoral. La democracia española habita un edificio con erosiones y daños importantes. Quizá no hemos sabido cuidarlo entre todos como era necesario. Esta ya no es una tarea solo de los políticos. En las circunstancias actuales, es impensable acometer una reforma de la Constitución o del sistema electoral. Deberemos resolver esta crisis sin la ayuda de la ortopedia institucional. Pero hemos de ser muy conscientes de que a medida que esta situación se prolongue el deterioro se irá haciendo irreversible e irán apareciendo propuestas expeditivas que cuentan con una larga tradición en España, aún viva, y los vientos favorables que agitan hoy el mundo. Por todo esto es tan irresponsable nuestra clase política actual.

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