La reducción en el uso de energías fósiles y la progresiva sustitución por otras verdes para evitar sus efectos perniciosos sobre el clima que decidieron los principales países europeos no tienen vuelta atrás. Este hecho impacta también en la comunidad y en su estructura industrial. El cambio climático plantea a todos serios desafíos. Cada progreso en la descarbonización pone de manifiesto la necesidad de definir una estrategia regional sobre este asunto, adónde queremos llegar y cómo pretendemos hacerlo. Evaluar el impacto de la transición energética y poner los medios para hacer compatible un discurso verde con la defensa de factorías engorrosas o, en su caso, sustituirlas por otras alternativas compromete a todas las administraciones. Lo que Galicia no puede es perder más musculatura industrial.
El cierre de las centrales térmicas de carbón va a suponer en el horizonte del año 2030, o puede que antes, tal como avanzan los acontecimientos, la desaparición de más de un tercio de la producción eléctrica generada en Galicia. De hecho, la central de Endesa de As Pontes, la de mayor potencia de todo el sistema eléctrico español, junto con la de Naturgy, en Meirama el trono de la producción en la comunidad antes de su parón. Esta circunstancia tendrá un fuerte impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) regional, y, en cadena, sobre el empleo, la carga de las compañías auxiliares, la logística y el transporte. El descenso de la quema de carbón ya ha reducido el tráfico de este mineral en los puertos y menguado la actividad de los camioneros. Pero las consecuencias no quedan únicamente ahí. Seguimos padeciendo el pernicioso efecto de un marco eléctrico inestable que encarece la energía e impide a las compañías saber con previsión cuánto va a costarle la luz. La industria lo sufre en sus propias carnes.
Las factorías electrointensivas suponen el 12,6% del PIB industrial español y están concentradas en cuatro regiones: Galicia, Asturias, Cataluña y el País Vasco. La siderurgia y su entramado aguas abajo salen penalizados además por otra vía: la de la elevada factura a pagar por las emisiones contaminantes de CO2. Cualquier cambio, pues, que afecte a la electricidad impacta en la competitividad del conglomerado industrial de Galicia.
¿Estamos ante otra reconversión industrial? Simplemente la expresión provoca vértigo entre los ciudadanos, conocedores de los hachazos en el pasado que han sufrido pilares fundamentales de la economía. Llámenlo como quieran. El cambio climático, las guerras comerciales o la desaceleración económica abocan a Europa a serios desafíos. La nueva Comisión Europea, recién constituida esta misma semana, ya ha fijado precisamente el reto climático y la economía digital como prioridades de su agenda. Liderar un nuevo Pacto Verde Europeo para prescindir de los combustibles fósiles y favorecer la creación de un ecosistema tecnológico europeo serán sus tareas inmediatas. Asistimos a un maremágnum de cambios en el mundo y en ellos necesita encontrar otro acomodo el tejido productivo gallego. Adaptándolo a las novedades y potenciándolo, nunca arrasándolo. Galicia ya ha pasado por transiciones similares. Conocemos los aciertos y también, muy relevante, los fracasos. Entre ellos, en no pocos casos, la falta de ambición y la división estéril. También la ausencia de ideas y la depredación vana de recursos.
Al Gobierno central hay que pedirle que se esfuerce más por sintonizar con Galicia. No basta con buena disposición. Ha de ser sensible a las opiniones de interlocutores gallegos para afrontar los problemas; poner el dedo en la yaga para aplicar el tratamiento. Han tenido que llamar a la puerta del Ministerio de Transición Ecológica alcaldes y representantes de varios concellos de Ferrol, A Mariña y Terrá Chá, con el regidor de As Pontes a la cabeza, junto con los transportistas, para arrancar el compromiso del Gobierno de conformar una mesa de trabajo en busca de soluciones para Endesa, una de las principales industrias energéticas de Galicia, de la que dependen más de 700 empleos directos.
La sensibilidad ecológica ha arraigado en amplias capas sociales y cambia el enfoque de todo, desde el diseño de las ciudades a la fabricación. Por encima de actitudes defensivas conviene plantearse desafíos. Y el de ahora consiste en evaluar las vulnerabilidades de la industria regional y prever sus efectos para encajarlas con plena operatividad en tiempos distintos. En la elección y fijación de las pautas de actuación, a la Xunta le corresponde decidir. Nadie va a pensar en Galicia por los gallegos. Y el Gobierno central tiene que asumir sus responsabilidades y cumplir con sus deberes. Es necesario que los agentes sociales y las administraciones busquen, desde la complicidad y la unión, diagnósticos que conduzcan a remedios. Ninguna de las medidas correctoras depende de un solo actor, precisa de varios.
Las corrientes de fondo globales apuntan a que el futuro será tecnológico y digital. El camino de la modernización pasa ineludiblemente por persistir en la innovación y obtener los recursos tecnológicos necesarios para ganar competitividad con la mejora de la calidad y los precios. A la vista de los indicadores, existen argumentos para creer que una nueva industrialización es posible si se afronta con criterio y determinación. Muchas empresas gallegas lo están demostrando. Manos a la obra.
