Una de las paradojas más llamativas que se dan en la vida pública y sus diferentes estamentos -las Administraciones, vaya- es la que se refiere a las finanzas municipales, sus vaivenes y las carencias, con cierta frecuencia graves, en los servicios que prestan a la ciudadanía. Curioso contraste con el dato de que los Concellos triplican el gasto -habría que averiguar en qué- gracias a que Hacienda relajó el control del superávit, y aumentan sus inversiones y sus ingresos como consecuencia de la presión fiscal en infraestructuras energéticas y viarias: un 24%, que no está mal.
Parece cierto, desde luego, que las cifras se refieren a la media, y que puede pasar con ella como en el chiste del jamón, que, con dos únicos comensales, uno se queda sin catarlo, el otro se lo zampa todo y la "media" dice que el consumo fue al cincuenta por ciento. En serio, envueltos y casi sumergidos por la campaña oficial, no se discute que, allí donde existen superávit e infraestructuras productoras del alza de ingresos, esta es notoria. Pero los municipios "huérfanos" de ellas han de conformarse con esperar mejores tiempos y eso reclama alguna reflexión.
La primera, y más obvia, ha de referirse al modo de compensar a los que padecen aquella orfandad. Las fórmulas tendrán que prever una merma en los ingresos de quienes los tienen para financiar el reparto, "detalle" que puede complicar las cosas, pero que dispone de vías posibles, tanto mejores cuanto más se involucren, verbigratia, las Federaciones municipales; entre ellas la Fegamp que está en buenas manos. Y cuya intervención, coordinando, será tanto más útil cuanto más se complique el panorama global, que no está precisamente para tirar cohetes.
La segunda de las reflexiones, y no menor, es la urgencia de que la inversión municipal se oriente también a una mayor eficacia y mejoras en los servicios públicos. La finalidad será no sólo evitar que el incremento de recursos sirva a meros intereses electorales, sino que permita una planificación que responda a necesidades actuales no resueltas y a las que se puedan plantear en un horizonte previsible. Hay deficiencias en el ahorro energértico y de agua que, por cierto, encarecen de forma directa el coste de la vida. Y resolver eso es obligación, por cierto, conjunta de todas las Administraciones.
Cuanto queda expuesto, que -como siempre- es opinión personal, se relaciona de forma directa con la necesidad de un Pacto Local. Objetivo difícil siempre, pero más en un país que carece de cultura democrática y cuyo oficio político apenas alcanza un nivel comparativo mediocre, solo levemente superior a los que superaron las dictaduras comunistas después de que los españoles lo hiciesen con la de Franco. Pero la importancia de ese Pacto, clave para afrontar la crisis demográfica, el cambio climático y los enormes desafíos que aguardan a la población en los próximos años, lo hacen obligatorio. Aunque los políticos sigan mirando solo su propio ombligo.
¿Eh...?
