Hace bastantes meses, cuando este periódico publicó que los Gobiernos -el anterior y el actual- tenían o habían tenido la intención de establecer un peaje en las autovías, casi todo el mundo se apresuró a negarlo. Pero como los hechos son tan tercos que resisten incluso los manejos políticos, ahora se confirma que un anteproyecto legislativo sobre carreteras y su mantenimiento incluye la posibilidad. Eso sí: en cuantía simbólica, aún sin determinar -lo que deja margen para preocupar a cualquiera- y, por supuesto, para recaudar fondos y aliviar las arcas del Estado.
O sea, que si el pago fuese voluntario se presentaría por los gurús que asesoran a los inquilinos que se alternan en Moncloa como un óbolo, una contribución caritativa de los habitantes de estos Reinos para que los responsables de Hacienda concilien más cómodamente el sueño. Benéfica intención, desde luego justificada por el enorme coste que supone todo cuanto se relaciona con esas redes de comunicación. Y, quizá, precedente para que otros servicios públicos puedan, antes o después, resultar objetivo recaudatorio tan de primer orden como su necesidad.
Entre los problemas, evidentes, que producirá ese peaje cuando se apruebe, no será menor el de que no resolverá más que temporalmente, si lo hace, la cuestión recaudatoria. A otros niveles, desde luego, hay precedentes significativos, como el del "céntimo sanitario", un invento dirigido a reforzar la caja de la seguridad social, después a costear la defensa medioambiental y que ahora ya ni se sabe, perdido entre los intrincados vericuetos del laberinto fiscal en el que se esconden las criaturas más voraces de los tiempos modernos, que son los/as ministros/as de Hacienda.
Todo queda a la espera pues de que el señor Sánchez decida si resuelve la duda entre un Gobierno, "el que sea", como le piden los poderes económicos, o convoca nuevas elecciones. Decidirá, se supone, en la tranquilidad relativa que le proporcionan sus vacaciones en el Parque Nacional de Doñana, como varios de sus predecesores. Y que nadie se sorprenda: aquí, en España, derecha e izquierda solo se ponen de acuerdo en que sus gobernantes disfruten de lo que es público y cuyo uso se reserva a la jerarquía. Porque "aún hay clases", que diría Iglesias desde El Escorial.
(Por cierto que, hablando de óbolos, contribuciones y demás, no estorbará una reflexión añadida. Acaba de anunciarse la liberación de peajes en dos autopistas, la A-4 y la A-7, al tiempo que en el limbo está la gallega A-9. Y aunque es cierto que hay por medio el asunto del fin de las concesiones, no convendría olvidar que la del Atlántico se prorrogó casi ad calendas graecas para camuflar problemas y evitar sofocos sociales. Como es habitual -y allá quien llegue a las bobas conclusiones de "localismos" o "victimismos"-, lo que podría beneficiar a este lado del mapa seguirá pendiente, mientras los que deberían arreglarlo pierden el tiempo debatiendo sobre sus pequeñas aspiraciones. Debe de ser porque alguien le echó mal de ojo al país.
¿No...?
