No hemos tenido tiempo de olvidarnos del maratón de elecciones de este año (generales, municipales y europeas) y nuestros políticos ya vuelven a estar en precampaña. El modo electoral está activado y no habrá quien lo apague hasta que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Están en precampaña porque puede haber repetición de los comicios generales en noviembre y porque el año que viene tocan las elecciones gallegas. El ambiente preelectoral lo contamina todo y así se explica que los ministros viajen a Galicia y eviten reunirse con el presidente de la Xunta y sus conselleiros, encuentros más que habituales y que sí mantienen cuando visitan otras comunidades, eso sí gobernadas por socialistas.
Los ministros en funciones no encuentran tiempo para entrevistarse con los representantes de los gallegos, con quienes tienen más de un asunto pendiente, por ejemplo 700 millones de deuda que tensionan las arcas autonómicas. En cambio, sí hacen un hueco para hacerse la foto con Gonzalo Caballero, el candidato del PSdeG a quitar el puesto a Alberto Núñez Feijóo en las elecciones de 2020.
Y como ya estamos en precampaña así se explica también que el Gobierno autonómico haya puesto el grito en el cielo por una actuación, que totalmente censurable, a su vez ha puesto en práctica más de una vez, por ejemplo en Vigo. ¡Que se lo digan a Abel Caballero!
Pero más allá de este teatro, el relato (concepto ahora de moda en la escena política estatal) que debería centrar nuestra atención es otro. Es una foto la que ha de despertar, y ya lo ha hecho, los recelos del Gobierno gallego. El lunes el presidente en funciones Pedro Sánchez viajó a Valencia y se reunió con el homólogo de Feijóo en Valencia, el socialista Ximo Puig, su número dos en el Gabinete, Mónica Oltra, de Compromís, y el diputado de esa formación en el Congreso Joan Baldoví.
Compromís en el debate de investidura de julio se abstuvo, ahora el PSOE busca cambiar el sentido de su voto, y encima de la mesa se puso la reforma de la financiación autonómica. Sánchez prometió que si gobierna presentará en ocho meses un nuevo modelo de financiación. Solo trascendió eso, ¿pero qué más le garantizó a Compromís para intentar amarrar su voto porque a los valencianos no les basta con otro sistema, quieren uno que mejore su posición?
El Gobierno valenciano, del que forma parte esta formación, exige una reforma que choca frontalmente con los intereses de Galicia. Ximo Puig se queja de que el actual sistema le maltrata, mientras en su opinión otras comunidades como la gallega salen mejor paradas. ""Si la Comunitat Valenciana tuviera la financiación que tiene Galicia por habitante tendríamos 2.500 millones más de euros anuales, con lo cual evidentemente no tendríamos ningún problema de deuda y la asumiríamos toda", se ha quejado en más de una ocasión Puig.
Si el PSOE pacta o ha pactado con Compromís alguna cuestión relacionada con la reforma financiera debe ser con luz y taquígrafos.
Galicia y las comunidades del Noroeste hacen bien en temer que la nueva reforma atienda más las demandas del frente mediterráneo que las suyas. No puede ser casual que Ximo Puig y Oltra se sienten con Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y ¡oh casualidad! valenciano, y aborden la futura financiación autonómica, y al día siguiente se anuncie una cumbre empresarial para octubre de las patronales de Valencia, Murcia, Andalucía y Baleares, con objeto de demandar un modelo mejor, pero mejor para sus intereses.
El eje Mediterráneo se está moviendo para presionar a Moncloa. Galicia y las comunidades del Noroeste ya hicieron los deberes. Ya constituyeron un lobby, que representa a 7,5 millones de españoles y suma el 36% del territorio. Deben permanecer atentos en esta nueva etapa abierta con el anuncio de abrir el melón de la financiación autonómica. Deben mover ficha en su reivindicación de un sistema distinto al que propugnan desde Levante. El Noroeste pide que al repartir los recursos tengan más peso criterios como el envejecimiento de la población o su dispersión, dos factores que disparan el gasto para la prestación de los servicios sociales.
El frente Mediterráneo, con censos más jóvenes y abultados, da prioridad al concepto de población, sin entrar en matices. Valencia, en concreto, exige más recursos en función de su aportación fiscal a las arcas del Estado. Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón, reclaman, por el contrario, "financiar personas, no territorios y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir los mismos servicios con independencia de donde residen".
El modelo de financiación ya tiene 10 años de vigencia. La crisis económica y luego la falta de entendimiento entre los políticos han frenado su revisión, pendiente desde 2014. No pueden repetirse errores del pasado. El modelo debe ser consensuado por las comunidades y no por el Gobierno con unas autonomías sí y otras no. Todos habrán de ceder, pero no unos más que otros. El nuevo sistema no puede estar sujeto a los intereses electorales de Pedro Sánchez. No puede ser moneda de cambio.
