Así que, más que demostrada ya la versatilidad del oficio político, que en su ámbito sirve tanto para un roto como para un descosido y hasta para hacer trajes, era lógico que esa característica se extendiese tarde o temprano a otros menesteres. Quizá por eso el Gobierno gallego, seguramente malgré lui, ha decidido aventurarse en el terreno de los prestamistas; cerca del cual, por cierto, ya acampaba hace tiempo. Más o menos desde que la crisis obligó a dedicar dinero público a préstamos diversos cuyos impagos causaron -hasta el momento- un déficit superior a los 27 millones de euros. Que no son moco de pavo.
La Xunta, prestamista a través del Instituto Galego de Promoción Económica, parece haber puesto en marcha una operación que pretende liquidar, o en el peor de los casos reducir, esa cifra mediante la extensión a 25 años de los créditos y facilidades de renegociación para los avalistas. Un indicio, este último, de poca confianza en lo primero y también un intento, inteligente, de no agravar aún más la situación general. Y es que cobrar a los avalistas quiere decir que los deudores no pagan cuando deben, panorama indeseable para quien, como Facenda, pretende tener siempre sus cuentas en perfecto estado de revista.
Ocurre, como muchas otras veces en esto de las cuentas públicas, que no basta con la buena intención a la hora de abordar las liquidaciones. Entre otros motivos porque, a diferencia de en las privadas, lo que está en el alero es el dinero de todos los ciudadanos que, además, no fueron consultados acerca de la concesión de lo que ahora no se paga o se hará -con suerte- ad calendas graecas. Plazo demasiado largo para una cantidad que, si bien no alcanza a resolver cuestiones vitales, aliviaría alguna que otra menor. Por eso hay que explicar bien lo sucedido.
No ha de entenderse cuanto queda dicho como una demanda en pro de la apertura de un proceso inquisitorial para que cada detalle de las penurias de no pocas empresas salga a la luz. Sólo se pretende algo que, al menos en opinión de quien escribe, no sólo es lógico, sino obligado en democracia: información de los motivos por los que pasó lo que pasó. Y, si acaso, de por qué a ciertos patronos se le dan facilidades y a las gentes del común, si se retrasan en los impuestos, se les ahoga con recargos. Y no bastará con una remisión a los tremendos efectos de la crisis, porque a otros, que sí pagaron, los afectó tanto o más.
Parece cierto que, al menos a primera vista, habría bastante que determinar. Sobre todo si se tiene en cuenta que la Xunta prestó dinero en operaciones que ninguna entidad financiera habría accedido a respaldar simplemente porque el prestatario carecía de solvencia para garantizar la devolución. Y aunque la tarea de un gobierno es ayudar, promocionar y sostener, si llega el caso, la estructura económica de un país, no es una ONG, suponiendo que la multiplicación de estas entidades no indique algo más que el crecimiento de la generosidad mundial. Y la Xunta puede y debe ejercer un pronto auxilio, pero no repartir casi a fondo perdido lo que solo administra ni, por supuesto, convertirse en prestamista. No porque sea mal oficio, sino porque resulta impropio.
¿Eh...?
