A partir de las ideas de que la Valedora, o el Valedor, es un cargo público de origen político -ya que es el Parlamento quien lo nombra por votación- y de que en política hay determinadas conductas que no se pueden aceptar, quizá tengan razón quienes dicen que la renuncia de doña Milagros Otero llega con retraso. Hace cuatro meses que el TSXG confirmó la nulidad de un nombramiento efectuado "con abuso de poder" por su señoría y parte de la Cámara reclamaron su renuncia. La magistrada aceptó, manteniendo el cargo hasta que se eligiese sucesor o sucesora: a la vista de que el asunto iba ad calendas graecas, la hizo efectiva.
Es posible que de los millares de casos de lo que vulgarmente se denomina "enchufe", éste -que el TSXG dice que existió, aunque no lo defina así- sea uno de los pocos que se cobra una cabeza política. Y eso significa -dicho sin la menor intención de criticar el fallo ni de justificar el error de doña Milagros- que en las reacciones que finalmente han llevado a la renuncia definitiva de la Valedora podría haber habido una sobreactuación de quienes aprovecharon la oportunidad para librarse de quien, como ella, fue criticada por ser "poco" -o nada-"galeguista".
(Se habla de un "error" porque parece posible que incluso quien es una autoridad en Derecho como ella pueda cometerlo a la hora de tomar una decisión administrativa. Y quien esto escribe insiste en que no debiera descalificarse toda una vida al servicio de la Ley y la Justicia por esa resolución, que se anuló por el Tribunal. La dimisión era obligada, pero no por la política -que se quedaría, o poco menos, sin activos si cundiese el ejemplo- sino por ética. Y la ya ex/Valedora cumplió; su renuncia sería efectiva cuando se le encontrase relevo para no perjudicar a la institución.
En este punto conviene recordar que el hecho de permanecer en el puesto supuso seguir en el punto de mira de algunos que llegaron a reprocharle a la señora Otero que reclamase el aumento -de un 0,25 por ciento- en la retribución para ella y el personal de la Oficina, como le correspondía. Sin ánimo de comparar, es inevitable remitirse a recientes situaciones en las que se produjeron "enchufes" estrepitosos sin que la cúspide política aceptase siquiera su conocimiento, o decisiones de aumentos estrepitosos de sueldo en cargos recién elegidos. Y otros.)
Por más que alguien pueda tomar cuanto precede no como mera opinión sino alegato en defensa de quien no la necesita, resulta difícil de entender no tanto el caso de la Valedora cuanto su excepcionalidad. En el sentido, ya expuesto, de que un "enchufe" haya logrado lo que no consiguieron miles -detectados, denunciados y algunos, juzgados- y también que hayan provocado exigencias de "ética pública" en quienes, por sus precedentes, no se habían ocupado de virtud tan necesaria. Ojalá cunda el ejemplo, que ya va siendo hora.
¿O no?
