A primera vista no parece mala cosa que el señor presidente Feijóo haya resaltado la lealtad mutua entre el norte de Portugal y Galicia a la hora de valorar los resultados del Plan Transfronterizo. Es cierto que, aún en el caso de que recelase, resulta positivo que su señoría decida ni citarlo siquiera. No está el horno de la Xunta para muchos bollos a la vista de lo ocurrido en estos dos meses ni parece el mejor momento para abrir una brecha entre vecinos que al menos en apariencia se han esforzado en cuidar sus relaciones mutuas. Y la prudencia sigue siendo la madre de la ciencia política, al decir de los expertos.
En todo caso, y desde la mera opinión personal, hay datos que mal manejados podrían provocar suspicacias. Por ejemplo los que se derivan de una información de FARO según la cual el norte lusitano ha subvencionado en estos años el fomento de la ubicación industrial en su territorio. Y con cantidades importantes, que superan los cuatrocientos millones -casi doscientos en el periodo más reciente- y con un éxito que se transforma, mutans mutandis, en perjuicios para Galicia, que pierde instalaciones y en principio puestos de trabajo potenciales.
Dicho lo que precede parece adecuado insistir en que no se trata de lamentos infundados o de crítica a una impotencia del poder político gallego para defender sus intereses frente a teóricas acciones hostiles. Cada cual tiene derecho -cumpliendo las normas, por supuesto- a cuidar de lo que le conviene, aunque no está claro en absoluto que en el terreno de atraer inversiones Galicia haya estado a la altura, al menos en imaginación, de sus vecinos. Y como basta un botón como muestra de la diferencia recuérdese que siete de cada diez municipios del norte de Portugal tiene ya niveles técnicos de pleno empleo. Verbigratia.
Hay una cuestión que desde un punto de vista particular no acaba de estar clara. Y es que si la UE no permite las subvenciones -a base de dinero público, se entiende- para empresas privadas salvo en circunstancias muy concretas, habría que recabar el máximo de información sobre si las que se dan en la Eurorregión lo son o faltan requisitos. Y es pregunta adecuada porque hay empresas que han perdido aquí ayudas y fueron sancionadas -o expedientadas, como Citroën/PSA- por la concesión de subvenciones públicas.
E verdad que la Xunta de Galicia solicitó informes, hace ya algún tiempo, a Bruselas acerca de la hiperactividad lusitana y, parece, la respuesta en el sentido de que no se apreciaban infracciones fue clara. Pero al menos desde aquí la óptica ha cambiado, y quizá no estorbase una nueva consulta. Que, y esto debe quedar bien claro, no como un gesto hostil hacia la estrategia de Lisboa sino como un requisito lógico, y desde luego legítimo, en la defensa de los intereses gallegos para el caso de que pudiesen ser dañados por prácticas heterodoxas. Una consulta que tampoco ha de considerarse desleal, pero sí que procedería, en opinión personal de quien escribe, para ratificar el excelente balance que el señor Feijóo acaba de hacer sobre el Plan Transfronterizo.
¿No??
