A partir del respeto a las decisiones que competen al gobierno de la Universidad de Vigo, parece lógico esperar de cuantas se extiendan fuera de sus campus se expliquen no sólo de forma pública, como pública es la institución docente, sino también suficiente. Algo que, desde el punto de vista de quien escribe, no se da en el anuncio de la ruptura de su convenio con la Fundación Abanca, con la que desde hace diez años mantenía estrecha colaboración. Alega "pérdida de confianza mutua", pero no detalla los motivos y se limita a aludir al próximo nacimiento del centro superior que la entidad prepara para el curso próximo.
Es cierto que la decisión, propuesta por el rector señor Reigosa, cita el convenio y algunas de sus cláusulas, que la Universidad de Vigo estableció hace diez años con la Escuela de Negocios de la entonces Caixavigo. Un convenio que dio excelentes frutos y que ahora pretenden impulsar hasta su conversión, como se ha dicho, en una Universidad privada, "la primera de Galicia". Los argumentos formales, referidos al texto del convenio, se esgrimen como motivo también de la ruptura, pero existe la duda de si pesarán más otros motivos que no se contienen en el comunicado.
No se pretende en ningún caso sembrar dudas para ocultar intenciones malévolas. Pero desde luego es opinable la afirmación del señor Reigosa acerca de que la demanda de enseñanza superior está bien cubierta por el centro público que gobierna. No se discute lo que añade sobre la buena coordinación, pero el conjunto de la declaración permite concluir que, de algún modo, se pone en cuestión la necesidad de un centro privado. Y eso es perfectamente respetable, pero decidir una ruptura a partir de esa idea deja lugar a puntos de vista diferentes. Y de esto es de lo que se trata: de exponerlos con respeto.
Se ha dejado escrito, no hace mucho, que la Universidad pública, por serlo, debe exigir los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para atender la demanda social y cumplir el mandato constitucional de la igualdad de oportunidades también en la enseñanza. Es por ello que no pueden ni deben aceptarse recortes a su capacidad para cumplir con garantías esa misión. Pero no parece útil ni conveniente ningún tipo de oposición a la iniciativa privada, si no supone disminución de medios ni atención por parte del poder político. Y otra reflexión: hay comunidades donde conviven ambos modelos en las que ha crecido exponencialmente el prestigio de esa enseñanza.
Así las cosas, y siempre desde el respeto al criterio -aún no compartido- de la Universidad de Vigo por los méritos más que demostrados y los servicios a la sociedad a la que sirve, seguramente no estorbará la opinión, leal, de que no conviene transformar la legítima competencia en rivalidad, y menos aún en animosidad. La Universidad privada viene a ocupar un espacio que sus impulsores ven vacío, y es lógico que la ocupación deba cumplir requisitos y condiciones concretas, Pero no pueden ni deben convertirse en barreras para impedir su implantación. A día de hoy, y si se acepta el marco del sistema de libre competencia, habría de alegrarse esta sociedad, entre otros motivos porque ese sistema, controlado comm´il faut, suele ayudar a todos a espabilar.
¿No...?
