Tenía razón, al menos desde el punto de vista de quien escribe, la señora Portavoz del BNG cuando afirmó, sobre los supuestos cabecillas de "Resistencia Galega", que hay que respetar la presunción de inocencia. Y no sólo porque es un mandato constitucional, sino también porque ese respeto forma parte de todo un avance que invierte, y humaniza, costumbres menos antiguas de lo que parece y según las que todo acusado era, de entrada, culpable y tenía asegurada la condena salvo que demostrase su inocencia de forma indiscutible. Y en ese sentido, nada debiera reprochársele a doña Ana Pontón y menos con sugerencias sobre una simpatía nunca declarada con los detenidos.
El problema para que la presunción se consolide son -aunque por sí solos no deberían serlo- los indicios. Y estos, en relación con Toninho Matos y Asunción Losada, dejan de serlo al hallarse por la Guardia Civil un fusil de asalto Cetme y al menos un revólver con abundante munición. Son armas que no se emplean para la caza ni tampoco para tener colgadas sobre la chimenea, lo que permite ampliar el campo de las sospechas y tentar a muchos a eliminar lo que la Constitución establece para los pendientes de sentencia firme, porque la presunción citada le es aplicable.
Así las cosas, y a pesar de que las noticias más recientes de FARO le pintan peor el futuro a la pareja -que tendrá dificultad para convencer a alguien de que dedicaba su tiempo a recitar el "Beatus ille..."-, la portavoz nacionalista no pierde razón en sus declaraciones siguientes a la captura de los supuestos líderes de "Resistencia Galega". Pero sí desdibuja su argumento constitucional sobre todo ante los que subrayan la aparente contradicción de acogerse a normativas que acatan no por convicción democrática, sino sólo por imperativo legal.
Sin la menor intención de aconsejar a alguien, y mucho menos de escribir epístolas morales, parece razonable alguna observación más. Sobre todo, una referida a quienes se han manifestado públicamente sobre el episodio de la captura para que no se abra otra brecha en la sociedad gallega en algo que con seguridad comparte la inmensa mayoría: que el uso de la violencia en cualquier terreno es un delito y, por tanto, inaceptable en el fondo y en la forma. Y que, además, es indigna de los usos y costumbres de la propia Galicia y de sus habitantes.
En ese sentido, y desde un punto de vista personal, es una mala práctica la de insinuar, como se ha hecho, que la apelación a la presunción de inocencia significa "debilidad" ante el terrorismo, todavía presunto, de los dos detenidos. Y hay que repudiar también en cualquier caso el aparente -y poco sibilino- intento de vincular siquiera sentimentalmente -porque la simpatía es un sentimiento- a demócratas como la señora Pontón y el BNG que, en todo caso, deberían extender siempre urbi et orbi -incluidos sus adversarios políticos-, el respeto que ahora manifiesta a la inocencia mientras no se demuestre lo contrario, incluso a pesar de indicios muy contundentes. Porque la Constitución protege a todos, no sólo de las condenas precipitadas, sino también de los que las anticipan con intenciones más que discutibles.
¿O no...?
